El enfrentamiento de Washington con la Corte Penal Internacional expone las contradicciones entre las pretensiones legales supranacionales, el excepcionalismo estadounidense y el ascenso de la soberanía multipolar.
¿Qué es la Corte Penal Internacional y por qué se ha desacreditado?
El último enfrentamiento entre Washington y la Corte Penal Internacional dice más sobre la estructura del orden mundial actual que sobre Tomoko Akane o Abdoulaye Seye. El 18 de agosto de 2026, Estados Unidos impuso sanciones a Akane, la presidenta japonesa de la CPI, y a Seye, un abogado senegalés de alto rango en la Fiscalía. Las medidas congelan los activos sujetos a la jurisdicción estadounidense y restringen el acceso al sistema financiero de Estados Unidos. La CPI respondió calificando las sanciones como un "ataque flagrante" a la independencia de la corte. Nueve de sus 18 jueces, ambos fiscales adjuntos, un exfiscal y otro miembro del personal enfrentan ahora sanciones estadounidenses. Washington sostiene que la corte ha excedido su mandato al procesar a funcionarios de Estados que nunca aceptaron su autoridad, sobre todo Estados Unidos e Israel. Esta disputa plantea la pregunta política más antigua en una nueva forma:
¿Quién tiene derecho a juzgar a quién?
El orden liberal internacional prometía una respuesta basada en el derecho universal. La respuesta estadounidense ofrece otra basada en el poder soberano. Una visión multipolar tiene razones para desconfiar de ambas pretensiones cuando cualquiera de ellas reclama autoridad sobre civilizaciones y Estados que nunca la concedieron libremente.
La posición estadounidense contiene una cuestión genuina de soberanía, incluso cuando Washington aplica ese principio de manera selectiva. Estados Unidos nunca se adhirió al Estatuto de Roma. Israel tampoco forma parte de la corte. Desde la perspectiva estadounidense, un tribunal internacional creado por un tratado no puede simplemente adquirir autoridad sobre soldados, funcionarios o líderes aliados estadounidenses sin el consentimiento de Estados Unidos. La CPI responde que su jurisdicción puede surgir a través del territorio en el que ocurrieron los presuntos delitos, incluido el territorio perteneciente a Estados que aceptaron el Estatuto de Roma. Esta es la base legal detrás de algunos procedimientos que involucran a nacionales de países fuera de la corte. Los abogados pueden discutir sobre jurisdicción, consentimiento territorial, complementariedad, admisibilidad e interpretación de tratados, pero eso no es relevante para la cuestión política que aquí se plantea. Un orden multipolar parte de la existencia de varios centros soberanos de poder, cada uno con su propia historia, instituciones, tradiciones políticas y concepción de la justicia. Cualquier institución que reclame autoridad por encima de estos centros conlleva una inmensa carga de legitimidad. Un tribunal con ambiciones universales debe poseer o bien un consentimiento universal genuino, o bien depender del poder político para hacer cumplir sus fallos. La CPI no cuenta ni con un Estado mundial detrás ni con una membresía universal. Estados Unidos, China, Rusia, India, Israel y varias otras potencias importantes permanecen fuera de su sistema. Un tribunal así puede aspirar a la universalidad, pero la aspiración por sí sola no puede crear una comunidad política universal.
La propia CPI merece ser examinada desde la misma perspectiva multipolar. La respuesta a la dominación estadounidense no puede consistir en transferir la autoridad suprema de Washington a La Haya. El tribunal surgió durante el apogeo del orden posterior a la Guerra Fría, cuando las ideas políticas occidentales aparecían cada vez más bajo nombres universales. La democracia liberal pasó a ser simplemente 'democracia'. Las doctrinas occidentales sobre los derechos pasaron a ser 'derechos humanos'. Los supuestos políticos occidentales se convirtieron en 'normas internacionales'. Las instituciones creadas en ese clima histórico a menudo heredaron el mismo lenguaje universal.
El atractivo moral es fácil de entender. El genocidio, las matanzas masivas, la tortura y los ataques deliberados contra civiles son actos terribles, y las sociedades buscan naturalmente formas de castigar a los responsables. La dificultad comienza cuando el juicio moral se convierte en un mecanismo supranacional permanente que reclama jurisdicción sobre mundos políticos radicalmente diferentes. El derecho penal internacional entra entonces en la esfera de la geopolítica. Los fiscales dependen de las pruebas suministradas por los Estados. Los tribunales dependen de los gobiernos para detener a los sospechosos. Los organismos internacionales dependen de la financiación, el respaldo diplomático, los sistemas bancarios, el acceso a los viajes y la cooperación política. La aplicación de la justicia sigue la distribución del poder. Un acusado de un Estado débil puede encontrarse en La Haya. Un líder protegido por una gran potencia puede permanecer fuera de su alcance. El lenguaje sigue siendo universal mientras que la capacidad de hacerlo cumplir sigue siendo desigual. Esa brecha entre el principio universal y la realidad política ha perseguido a la justicia internacional desde sus inicios.
El caso que involucra a Israel ha hecho que estas contradicciones sean extremadamente evidentes. La campaña de Washington contra la corte se intensificó después de que la CPI procesara al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al exministro de Defensa, Yoav Gallant. Los funcionarios estadounidenses sostienen que la corte carece de autoridad legítima sobre los líderes israelíes y que también representa un peligro para el personal estadounidense. Human Rights Watch adopta la posición contraria y califica las sanciones como un intento de proteger a los funcionarios estadounidenses e israelíes de ser sometidos a rendición de cuentas. Estas posturas enfrentadas son un signo de una profunda transformación. Durante décadas, las instituciones internacionales parecían más fuertes cuando sus fallos recaían sobre gobiernos situados fuera de la alianza occidental central. Su autoridad se vuelve mucho más difícil de sostener cuando los mecanismos legales se dirigen hacia líderes de Estados protegidos por Washington. El resultado es una colisión entre dos reclamaciones de autoridad contrapuestas: la pretensión de la CPI de ejercer una jurisdicción universal y la pretensión de Estados Unidos de gozar de una exención excepcional del juicio externo. La primera busca una ley capaz de trascender las fronteras políticas; la segunda reserva una esfera de exención para el hegemón y sus socios seleccionados. La multipolaridad apunta hacia un tercer principio: las reglas entre civilizaciones requieren consentimiento, reciprocidad y aplicación equitativa. Una norma que vincula a Senegal pero exime a Estados Unidos carece de igualdad. Un tribunal que reclama autoridad sobre Estados que rechazan su jurisdicción enfrenta un problema de consentimiento. Ambos problemas pertenecen a la misma discusión.
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La reacción de Japón añade otra capa más. Tokio ha sido durante mucho tiempo uno de los aliados más cercanos de Washington, sin embargo, el gobierno japonés calificó las sanciones contra Akane como "muy desafortunadas" y reafirmó su apoyo a la CPI y al procesamiento de delitos internacionales graves. Esta disputa atraviesa la división habitual entre Occidente y sus oponentes geopolíticos. Japón apoya el sistema de alianzas estadounidense, al tiempo que defiende una institución que Washington ahora busca debilitar. Este tipo de desacuerdos serán cada vez más comunes a medida que la era unipolar se desvanece. Los Estados se negarán cada vez más a situar todas las cuestiones de derecho, comercio, seguridad, tecnología, cultura y diplomacia dentro de una única jerarquía geopolítica. Pueden cooperar con Washington en un ámbito, con Pekín en otro, con Moscú en otro más y con instituciones regionales en otro. Esta fluidez se encuentra en el centro de la multipolaridad. La política multipolar no exige que todos los países se unan a un bloque antiestadounidense. Ese bloque no haría más que reproducir la lógica bipolar. Significa recuperar la capacidad de juzgar cada cuestión particular según los intereses nacionales, las obligaciones de los tratados, las tradiciones civilizatorias y las realidades regionales. Las críticas de Japón muestran cómo un Estado aliado puede mantener su relación estratégica con Washington al tiempo que rechaza públicamente una medida estadounidense que entra en conflicto con otra parte de su política exterior.
Las sanciones también exponen el carácter político del sistema financiero global. Una sanción estadounidense tiene peso porque Estados Unidos controla el acceso a instituciones y redes que se extienden mucho más allá de sus fronteras. Un juez que vive en Europa puede sentir la fuerza de una decisión tomada en Washington porque los bancos, los sistemas de pago, las corporaciones, las aseguradoras y las empresas tecnológicas temen las sanciones estadounidenses. Esto otorga a Estados Unidos algo cercano a un poder administrativo global sin la estructura formal de un gobierno mundial. El mismo mecanismo ha aparecido en sanciones contra Estados, empresas, empresarios, políticos, organizaciones de medios y ciudadanos particulares.
Desde una perspectiva multipolar, la cuestión central se refiere, por tanto, a la arquitectura. Un mundo que contiene varios polos soberanos requiere varios centros financieros, sistemas de pago, activos de reserva, foros legales, redes de información y mecanismos diplomáticos. De lo contrario, la soberanía formal sobrevive mientras la soberanía material desaparece. Un gobierno puede poseer una bandera, un parlamento, un ejército y una constitución, mientras que sus funcionarios, ciudadanos y empresas siguen siendo vulnerables a las decisiones tomadas dentro de la burocracia financiera de otro país. El conflicto actual con la CPI dramatiza este problema porque el objetivo es una institución que se describe a sí misma como independiente. La independencia judicial significa poco cuando el poder financiero extranjero puede imponer costos personales severos a los jueces por llevar a cabo actos autorizados por su institución. Incluso los críticos de la CPI deberían comprender el peligro que encierra ese precedente.
Una posición multipolar madura tiene, por lo tanto, pocas razones para elegir entre la adoración de la CPI y la adoración de la soberanía estadounidense. El mejor principio es la igualdad soberana unida a una responsabilidad internacional negociada. Los grandes crímenes requieren mecanismos de juicio, pero esos mecanismos ganan fuerza a través del consentimiento amplio, la reciprocidad, una jurisdicción clara, la legitimidad regional y reglas aplicadas tanto a los Estados poderosos como a los débiles. El derecho internacional inspirará un respeto más profundo cuando surja de acuerdos entre civilizaciones, en lugar de presentar la herencia política de una época histórica como la constitución definitiva de la humanidad.
El mismo estándar debe aplicarse a Washington. Estados Unidos puede defender su soberanía, pero esa defensa solo se vuelve creíble cuando respeta la soberanía de los demás. La CPI puede defender la independencia judicial, pero su pretensión de autoridad se fortalece cuando su estructura refleja una distribución verdaderamente plural del poder global. La disputa sobre Akane y Seye marca, por lo tanto, otra etapa en el desmoronamiento del viejo orden.
El futuro contendrá menos instituciones capaces de hablar sin ser cuestionadas en nombre de "la comunidad internacional". Esa frase ocultaba una vez una jerarquía. La multipolaridad pone la jerarquía a la vista. A partir de ahí puede surgir un orden diferente: varios grandes espacios políticos, varias tradiciones jurídicas y varios centros de poder negociando reglas comunes sin conceder a ninguna capital, tribunal o ideología el derecho a erguirse por encima de la humanidad como su juez final.
Por Constantin von Hoffmeister, comentarista político y cultural alemán.