El Gobierno de Trump busca que los estudiantes indocumentados paguen hasta el triple de su matrícula universitaria

"Es una simple cuestión de ley federal: las universidades no pueden dar beneficios a extranjeros sin estatus legal que no otorguen a ciudadanos de EE.UU.", afirmó el fiscal general adjunto Brett Shumate.

La Administración de Donald Trump presentó demandas contra Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington por leyes estatales que permiten a estudiantes sin estatus migratorio regular acceder a matrículas de residente, ayudas y, en algunos casos, préstamos financiados por el Estado, informa Fox News.

El Departamento de Justicia de EE.UU. argumenta que estas normas violan una ley federal de 1996 que, según su interpretación, impide conceder beneficios de educación superior a indocumentados si esas mismas condiciones no están disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses.

"Es una simple cuestión de ley federal: las universidades no pueden dar beneficios a extranjeros sin estatus legal que no otorguen a ciudadanos de EE.UU.", afirmó el fiscal general adjunto Brett Shumate.

Washington "no será intimidado"

El Gobierno sostiene que las diferencias entre las tasas de residente y no residente son sustanciales. Como ejemplo, la demanda menciona que, en el curso 2026-2027, un residente de Washington pagaría 13.406 dólares en la Universidad de Washington frente a 44.460 dólares para un estudiante de fuera del estado, una brecha que también se replica en instituciones de Arizona.

Las legislaciones estatales bajo disputa judicial suelen exigir requisitos como haberse graduado de secundaria en el estado, haber vivido allí un período determinado por motivos distintos a estudiar y firmar el compromiso de solicitar la residencia permanente cuando sea posible. En Washington, además de la matrícula, el Estado creó un programa de apoyo financiero para estudiantes indocumentados que no pueden acceder a ayudas federales.

Las demandas elevan a 21 el número de estados impugnados. Autoridades estatales han defendido sus normas: el gobernador de Washington, Bob Ferguson, dijo que su estado "no será intimidado" y que espera ganar en los tribunales; la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, enmarcó el conflicto como un litigio sobre competencias estatales y defendió la medida aprobada por los votantes.