El Consejo de Estado de Cuba publicó el Decreto-Ley 133/2026, que establece nuevos lineamientos para la transformación del sistema empresarial privado en el país caribeño.
Uno de los aspectos destacados de la norma, publicada el miércoles en la Gaceta Oficial y que entra en vigor en siete días después, es que da luz verde a la constitución de firmas privadas con más de 100 trabajadores; se trata de una nueva figura que se suma a las ya existentes micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
De acuerdo con el documento, estas compañías privadas serán denominadas Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), en caso de que haya varios propietarios; o Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada (S.U.R.L), cuando se trate de un único dueño.
En cuanto a la propiedad, podrán ser socios de estas empresas "las personas naturales cubanas residentes en el territorio nacional o en el exterior y extranjeros residentes permanentes en Cuba", dice la ley. Se deja claro que no pueden ser dueños o administradores de estas firmas funcionarios o dirigentes del Estado y del Gobierno, ni personas con deudas o condenadas por delitos incompatibles con el negocio a abrir.
Otro dato relevante que se establece en la normativa es que estas empresas están facultadas a "asociarse con capital extranjero para el cumplimiento de su objeto social". Además, podrán "exportar e importar directamente", con previa autorización del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.
Asimismo, entre otras cuestiones, están autorizadas a fijar los precios de sus bienes y servicios, de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Finanzas y Precios; determinar los ingresos de sus trabajadores, observando el mínimo salarial establecido en la legislación laboral vigente; y abrir locales o establecimientos secundarios en cualquier otra provincia del país.
Potenciar la participación
La nueva norma es parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio pasado por las autoridades cubanas. Manuel Marrero, primer ministro de la isla, señaló que el Decreto-Ley 133, junto al 12 publicado previamente, "eliminan restricciones, simplifican trámites y facilitan la transformación del sistema empresarial en pos de mayor eficiencia y compromiso social".
"Las transformaciones económicas y sociales en marcha favorecen la integración, autonomía y diversidad del sistema empresarial estatal y privado como un único sistema, y potencian la participación de todos los actores económicos en el desarrollo del país", agregó.