Famosos sufriendo los rigores del trópico: calor, mosquitos, enfermedades súbitas, búsqueda feroz de agua y alimento, y discusiones por la convivencia forzada entre desconocidos. La fórmula no es nueva, pero la cadena española Telecinco sigue apostando por ella. En audiencias cada vez más fragmentadas, el morbo vende.
El problema es que la isla paradisíaca en la que se desarrolla el 'reality show' 'Supervivientes All Star' no está deshabitada, como afirma la televisora, sino que es desde hace más de dos centurias el hogar ancestral del pueblo garífuna, un grupo humano oriundo de la isla caribeña de San Vicente surgido de la hibridación entre arahuacos autóctonos y personas esclavizadas traídas en barcos españoles y portugueses hacia los para entonces dominios imperiales de esas potencias europeas, que echó raíces en las zonas costeras de toda Centroamérica.
La semana anterior, habitantes de Cayos Cochinos protagonizaron protestas que alteraron las grabaciones del 'reality'. Reclamaron sus derechos ancestrales sobre el territorio, la gestión ambiental del espacio –zona de desove de las tortugas carey, una especie protegida– y mayor participación en las decisiones que les afectan directamente.
Se amparaban en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en marzo pasado declaró responsable al Estado de Honduras por vulnerar derechos de los garífunas. Entre otros motivos, se alegó que Tegucigalpa incumplió con obligaciones como el consultarles previamente antes de adoptar cualquier determinación que les influyera e impedir que ellos decidieran de manera libre e informada. 'Supervivientes All Star' estuvo en el centro de esa decisión.
De su parte, la productora Cuarzo, encargada de sacar adelante el programa para Telecinco, sostuvo que tiene todos sus permisos en regla y de conformidad con el acuerdo suscrito con la Fundación Cayo Cochinos. Además afirmaron que sus actividades proveen de empleo a los locales.
Sobre eso último, el colectivo Afroféminas puntualiza que "sería deshonesto contar esta historia como un enfrentamiento entre un pueblo unido y una cadena de televisión". En ese orden precisa que "unas 80 personas garífunas de Cayos Cochinos y Nueva Armenia se manifestaron en La Ceiba para pedir que la productora española no se marchara, defendiendo que el programa ha traído turismo y proyección internacional desde 2006". Así, mientras están las grabaciones, gente de la zona es empleada en labores de cocina, transporte o carpintería.
En rigor, el pueblo garífuna no tiene una postura única sobre el tema y ello, según apuntan las especialistas del colectivo que analizaron el caso, es el resultado de una situación más estructural: el abandono sistemático de las autoridades a esas comunidades. Por eso allí, donde no hay escuelas adecuadas, no hay centros de salud y las perspectivas laborales son escasas, no es extraño que cualquier beneficio económico temporal encuentre acogida, no exenta de tensiones y resistencias.
Problema de larga data
De otra parte, también es inadecuado presentar ese conflicto como consecuencia directa de la presencia de Telecinco en los cayos donde moran los garífunas. En realidad, la historia de choques entre el Estado hondureño y los garífunas acumula más de una década de procesos judiciales que dan cuenta de un patrón de abuso y despojo sistemáticos, donde la Justicia local se ha puesto del lado de los expoliadores.
Así, por ejemplo, en 2014, se ejecutó un desalojo en la comunidad garífuna de Puerto Castilla. Un hombre llamado Dennis Weizemblut Oliva reclamó la propiedad de un terreno que, se suponía, era de propiedad comunitaria. La causa reveló un entramado de apropiaciones indebidas que empezó en 1997, de la mano del empresario japonés Satoshi Sasaki, quien prometió construir una fábrica de harina de pescado en la zona. Años más tarde, Sasaki perdió la empresa a manos de José Mauricio Weizemblut, quien la obtuvo como pago de sus prestaciones. Fue este quien le vendió el terreno a Weizemblut Oliva.
El Estado hondureño fue parte necesaria en este despojo, en tanto le cedió unilateralmente amplios terrenos de los garífunas a la Empresa Nacional de Puertos bajo el argumento de desarrollar allí una ciudad bajo el modelo de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. A finales de la década de 1990, la compañía estatal vendió, a su vez, varios lotes de tierra a empresas extranjeras. Nadie le consultó a los garífunas su parecer, a los que solo les quedó recurrir a cortes internacionales.
No se trata de un caso aislado. Y justo por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Honduras en cuatro oportunidades por violentar los derechos territoriales de los garífunas. En 2015 amparó a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra; en 2023, hizo lo propio con la comunidad de San Juan, en la que reconoció la propiedad colectiva y derechos de propiedad ancestral de los garífunas. Finalmente, dictó sentencia en favor de los pobladores de Cayos Cochinos.
Empero, lejos de cumplir con esos dictámenes, Tegucigalpa ha mantenido una conducta omisa, cuando no directamente represiva. Amén de continuar con los desalojos y de encarcelar a líderes y lideresas garífunas, sigue sin darle respuesta a los habitantes de Triunfo de la Cruz, que desde 2020 exigen saber qué pasó con varios jóvenes de la comunidad, cuyo rastro se perdió luego de que fueran llevados por la fuerza por un grupo armado cuyos miembros vestían como policías.
A ello se suma que en julio de 2026, el Gobierno del presidente Nasry Asfura aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, con la que, por la vía de los hechos, se da carta blanca a la aceleración de los desalojos en todo el país por razones económicas. Tras eso, el pasado 4 de septiembre, expertos de Naciones Unidas le exigieron las autoridades de ese país centroamericano detener las más de 4.000 órdenes de desalojo que se emitieron durante el mes que siguió a la aprobación de la norma. Las comunidades potencialmente afectadas, como los garífunas, nunca fueron consultadas, y Honduras no ha frenado los desalojos.