El Gobierno de Brasil presentó este lunes una demanda contra 17 operadoras de apuestas en línea y reclamó una indemnización de al menos 1.000 millones de reales (unos 191,8 millones de dólares) por daños morales colectivos asociados a la adicción al juego. La acción fue presentada por la Abogacía General de la Unión (AGU) ante la Justicia Federal de Pernambuco, reportó G1.
La demanda también exige que las empresas resarzan los gastos afrontados por el Sistema Único de Salud (SUS) para tratar los daños atribuidos a los juegos en línea. Además, el Ejecutivo reclama la devolución del doble del dinero apostado por personas diagnosticadas con ludopatía.
Según los datos incluidos en la acción, unos 28 millones de brasileños realizan actualmente apuestas y 10,9 millones presentan un patrón de juego considerado de riesgo o problemático. Entre enero de 2018 y diciembre de 2025, los tratamientos del SUS relacionados con el juego patológico y el comportamiento de juego excesivo aumentaron aproximadamente un 140 %.
La demanda llega tres días después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretara la prohibición de las apuestas deportivas de cuota fija y los juegos y casinos en línea en todo Brasil. La medida provisional impide desde el pasado viernes realizar nuevos depósitos en las plataformas y también prohíbe su publicidad.
Los usuarios tienen hasta las 23:59 (hora local) del 5 de octubre para retirar voluntariamente el dinero depositado. A partir del día siguiente, los sitios y aplicaciones deberán salir del aire, mientras que los saldos que no hayan sido retirados serán devueltos posteriormente a los apostadores mediante las instituciones financieras.
Al anunciar la prohibición, Lula comparó el impacto de las apuestas con una enfermedad que requiere una respuesta drástica. "Esto es como un cáncer: ¡o extirpamos el tumor o ese tumor nos va a matar!", afirmó. El Gobierno sostiene que el sector agrava los problemas de salud mental y el endeudamiento familiar y afecta de manera desproporcionada a la población de menores ingresos.
La decisión abrió una batalla judicial con el sector. La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) acudieron este lunes al Supremo Tribunal Federal para intentar suspender los efectos de la medida provisional, mientras otra asociación del sector pidió directamente que sea declarada inconstitucional.