Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años desahuciada por una inmobiliaria en Madrid, podrá volver al piso en el que vivió desde 1956 tras alcanzar un acuerdo con la empresa, en medio de las masivas protestas y movilizaciones populares en la capital española para reivindicar el derecho a la vivienda.
La abogada Beatriz Duro, que representa a la anciana, celebró el pacto signado el lunes: "Había muy buena predisposición por ambas partes, pero éramos muchas abogadas también ahí presentes. Había que redactar un contrato desde cero. Cada parte tenía su reticencia y quería que todo estuviera perfectamente cubierto, todos los escenarios, y eso pues lleva su tiempo", dijo la togada en declaraciones a la prensa, citadas por elDiario.es.
Duro atribuyó el éxito de la negociación a la masiva movilización social desatada en Madrid, especialmente después del indignante desalojo, que ha sido "absolutamente desbordante con todas las concentraciones y manifestaciones", una de ellas en la céntrica Puerta de Sol.
No obstante, lamentó que la empresa —identificada como Urbagestión— no se sentara a la mesa "hasta ayer", pese a que hubo varios intentos de llegar a un acuerdo que evitara la expulsión de la vecina de ese domicilio, ubicado en barrio de Retiro.
La abogada destacó que han pasado "muchísimos meses y años de pelea" en los juzgados por parte de su defendida, así como por el Sindicato de Inquilinas, mientras las administraciones públicas se mantenían al margen con "pasividad" hasta que estalló "la presión popular".
"Ha quedado claro que las administraciones públicas, tanto autonómica como local y estatal, son absolutamente incompetentes para dar respuesta a un problema social importantísimo que es el de la vivienda", dijo Duro.
Por su parte, desde el Sindicato de Inquilinas advirtieron que no cesarán la movilización en las calles que han encendido "una chispa" para reivindicar el derecho a una vivienda digna, consignado en la Constitución española, pero violentado por una crisis habitacional marcada por la especulación.
"Esto no es una victoria de Urbagestión, ni del Ayuntamiento, ni de la Comunidad [de Madrid], que son partes de este conflicto, más bien culpables y responsables directos", afirmó Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, tras exigir una legislación que proteja a las personas que viven de alquiler e impida desahucios sin alternativa habitacional, como el que sufrió Maricarmen.