La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este martes detalles de las nuevas líneas de investigación que existen en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un emblemático caso de violaciones a los derechos humanos ocurrido hace 12 años en el estado de Guerrero.
"Se sigue investigando, no está cerrada la investigación y no se va a cerrar hasta que no se encuentre la verdad, se haga justicia y encontremos dónde estan los jóvenes. Ese es nuestro compromiso con los madres y padres de familia y con el pueblo de México", afirmó la mandataria en una conferencia de prensa en la que analizó el primer reporte del caso ofrecido durante su Gobierno.
Sheinbaum explicó que, entre los avances, se encuentran llamadas telefónicas que se realizaron la noche del 26 de septiembre de 2014, el día de la desaparición masiva de los jóvenes, y que no habían sido analizadas en profundidad.
"Personas que están detenidas por su participación se comunicaron esa noche con una funeraria y con un médico o un nutriólogo. Es relevante", aseguró al explicar que, al allanar la funeraria, se descubrió que operaba de manera totalmente irregular y que sus dueños estaban involucrados con la violencia organizada, por lo que fueron detenidos.
Los teléfonos
Otra novedad, añadió, es la confirmación de que varios de los celulares de las víctimas funcionaron después de la desaparición. "¿A dónde lleva eso? A una persona que está detenida porque usó un teléfono de uno de los jóvenes desaparecidos y otro dato que es muy relevante: un teléfono que apareció en el juzgado de las barandillas", dijo en referencia a las celdas de la Comandancia de la Policía Municipal de Iguala, en donde se presume habrían sido llevados los jóvenes antes de ser desaparecidos.
El dato es crucial porque José Ulises Bernabé García, el juez a cargo de la barandilla esa noche, siempre negó la presencia de las víctimas y luego huyó a EE.UU., en donde permanece gracias a que la justicia de ese país no ha otorgado la extradición que México solicita desde 2015.
Sheinbaum destacó que en estos 12 años nadie había investigado un video del Palacio de Justicia de Iguala y que su búsqueda derivó en la hipótesis de que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ordenó la desaparición de las pruebas del crimen, lo que permitió su detención.
También citó como novedad la historia de una persona que en 2014 era menor de edad que pertenecía a un grupo del crimen organizado, y que fue localizado y detenido recientemente, pero del que prefirió no dar más detalles.
El papel de Israel
Gracias a todo este trabajo, aseguró, ha habido 30 nuevas detenciones que se suman a los miembros de las organizaciones criminales, policías municipales y militares acusados de haber participado en la desaparición forzada de los estudiantes.
Por otra parte, explicó los trámites que ella misma ha realizado para lograr que Israel extradite a Tomás Zerón, el excomisionado de la Agencia de Investigación Criminal acusado de torturas y manipulación de evidencias en el caso Ayotzinapa.
"Personalmente le envié una carta, no al primer ministro (Benjamín Netanyahu) sino al presidente de Israel (Isaac Herzog), solicitando sus gestiones. Eso fue prácticamente cuando entramos (...) Él nos contestó que le había planteado esto al Poder Judical pero que salía fuera de su marco de actuación, entonces la fiscalía es la que está con el Poder Judicial de Israel para seguir presionando para que regrese, para que lo envíe", señaló.