La Corte Federal de EE.UU. volvió a permitir a la Casa Blanca la detención de personas sospechosas que puedan ayudar de algún modo a las fuerzas involucradas en hostilidades contra EE.UU. o sus aliados.
El año pasado, el Congreso reconoció esta disposición. Sin embargo, numerosos activistas de derechos humanos indicaron que la aprobación de la ley era "una declaración abierta de la guerra contra el pueblo estadounidense por parte de la elite gobernante de EE.UU.".
Barack Obama aseguró entonces que no iba a abusar de su poder para encarcelar a inocentes. No obstante, no se ganó la confianza de los activistas de derechos humanos que el año pasado presentaron una demanda ante el Tribunal Federal para impugnar la legalidad de estos amplios poderes del Gobierno. Un juez federal dictó una medida cautelar a la sección del NDAA que trata sobre las detenciones. Después de eso, el Gobierno de Obama presentó un recurso ante el tribunal.
Desde que Obama firmara el proyecto de la ley en 2011, la Ley de Autorización de Defensa Nacional no ha cesado de crear controversia. Tras el anuncio de la reciente decisión de la Corte Federal, periodistas y defensores de los derechos humanos están sopesando apelar ante la Corte Suprema de EE.UU.