San Pedro es la prisión más grande de La Paz y la más famosa de Bolivia, y el Gobierno ha decidido cerrarla después de más de un siglo de funcionamiento. Algunos de los que están dentro serán trasladados a otros centros, pero la mayoría deberá finalizar aquí su condena. Con los años el sistema de esta cárcel ha caído por su propio peso, lo que ha propiciado su cierre.
"Hay mucha gente, hay mucho hacinamiento, han colapsado todos los servicios -el agua, la luz, muchas cosas- y esa es la razón por la que estamos tomando esa medida", señala Ramiro Llanos, el director general del Régimen penitenciario de Bolivia.
San Pedro estaba preparada para albergar a unos 400 reclusos. Sin embargo, ahora, se calcula que en este recinto penitenciario se encuentran cerca de 2.400. Y a ellos hay que sumarles las esposas y los hijos que se instalan en la prisión de forma voluntaria.
"En Bolivia se permite en estos momentos a familias completas compuestas por niñas, niños, e incluso adolescentes hasta los 18 años, convivir con sus padres en cárceles donde la población carcelaria son hombres condenados o que están privados de libertad esperando su sentencia. Eso es algo que no se ve en ninguna parte", destaca Denis Racicot, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.
La ley en Bolivia estipula que en las prisiones solo pueden vivir con sus niños hasta que cumplan los seis años, siempre y cuando la persona privada de libertad tenga su tutela. Pero con dinero todo es posible en San Pedro. La corrupción está presente en todas sus instancias y no es secreto para nadie.
Dentro de San Pedro, los internos mandan más que las autoridades. Se han hecho con el control de la prisión y han instaurado un sistema de jerarquías por el que muchos deben trabajar para el resto. En esta cárcel hay negocios creados por y para los presidiarios: lavanderías, restaurantes y mucho más: "todo servicio que la persona necesita", dice alguno de los reos. Hasta se alquilan las celdas, que están a punto de caerse a pedazos.
Es otro de los grandes problemas de la prisión. La infraestructura es vieja y está en mal estado, y a causa del hacinamiento las condiciones sanitarias son alarmantes. Pese a ello, en San Pedro se calcula que viven cerca de 350 niños que, con el cierre de la cárcel, el Gobierno quiere desalojar progresivamente. Entre los motivos oficiales para el desalojo está la presunta violación de una niña de 12 años por su padre, su tío y su padrino, todos reclusos de este centro.