La versión completa de la entrevista aquí.
Lo que describe es una estructura criminal perfectamente engrasada
"Lo que describe es una estructura criminal perfectamente engrasada que viene funcionando a cambio de la obtención, por parte de los empresarios que pagan, las comisiones, que no donativos, a cambio de contratos, favores o de alguna forma de terminación de los planes de infraestructura que se han venido haciendo desde entonces en todos estos años en este país", explica Enrique Santiago.
De acuerdo con el abogado, Bárcenas mencionó a la inmensa mayoría de los dirigentes de Partido Popular que han estado sentados en el Consejo de Ministros, lo que, según el abogado, permite explicar por qué en España "hay 6 aeropuertos sin aviones, estaciones de AVE donde no suben ni bajan pasajeros y autopistas donde no circula ningún coche y que vamos a tener que rescatar con dinero público".
Financiación electoral bajo sospecha
Enrique Santiago enfatiza en la entrevista que, además de haberse cometido sistemáticamente delitos de cohecho y prevaricación por parte de estas empresas y por parte de los dirigentes del Partido Popular que han intervenido y de los altos cargos de la administración, se han puesto de relieve muchos otros relacionados con la financiación ilegal, las campañas de financiación electoral, los delitos de blanqueo de dinero o contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos de encubrimiento, de alteración de precios en concursos y subastas públicas, exacciones ilegales o falseamiento de contabilidad.
"Es decir, lo que describe es una auténtica orgía de dinero negro en el Partido Popular", resume el abogado, que agrega que esto "le ha permitido concurrir a las elecciones con muchos más fondos que los establecidos en la ley y de alguna forma competir, ilícitamente, en los procesos electorales".
¿Cómo citar a Rajoy?
Enrique Santiago explica que si Mariano Rajoy fuera presidente del Partido Popular y no presidente del Gobierno, habría más elementos para citarlo a declarar inmediatamente, al menos como testigo. SIn embargo, en las circunstancias actuales, matiza el abogado, antes de pedir su citación como testigo hay que verificar varios extremos y contrastar esas declaraciones e intentar verificarlas por otro lado.
En este caso, agrega el abogado, lo importante no son los pagos que hayan recibido los miembros del Partido Popular, sino "cómo estos empresarios han determinado las políticas económicas de este país, comprando Consejos de Ministros y llevando al país a la ruina".
Mucho más que la palabra
Mientras el Partido Popular asegura que la palabra de Bárcenas es "la palabra de un delincuente" frente a la de ellos, el abogado expresa una opinión totalmente contraria. "Es mucho más que la palabra", enfatiza. Enrique Santiago explica que Bárcenas reveló los documentos pese a que se han producido presiones directas en varias reuniones con abogados del Partido Popular y dirigentes del Partido Popular que le han pedido al señor Bárcenas que manipulara los originales que el conservaba y que los hiciera públicos con el fin de deslegitimar los primeros que se publicaron en la prensa.
Evidentemente, hay toda una estrategia organizada para alcanzar, para conseguir la nulidad de las actuaciones
"Si hablas, tú y tu mujer iréis a la cárcel una larga temporada, si no hablas te ofrecemos entregarte 500.000 euros en efectivo, garantizarte que vas a conservar el 25% de los saldos de las cuentas en Suiza", recuerda el abogado una oferta que le hicieron a Bárcenas, subrayando que eso acredita "que ese dinero en Suiza no es exclusivamente del señor Bárcenas, que podría ser de algún partido político o de otras personas que todavía no se han podido acreditar".
Enrique Santiago destaca que, al principio, el organismo anticorrupción no judicializó el caso, abrió unas diligencias informativas que no tienen ningún efecto judicial, ni siquiera para la prescripción de los delitos, y que no fue hasta que Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, la Asociación Libre de Abogados interpusieron la querella y ésta fuera admitida a trámite a finales de febrero, cuando se judicializa el caso, se interrumpe la prescripción y comienzan las investigaciones. "Es decir, ha habido una vejación absoluta por parte de los poderes públicos", dice el abogado, concluyendo que "hay toda una estrategia organizada para conseguir la nulidad de las actuaciones".