El presidente depuesto de Kirguistán está dispuesto a retirarse
El presidente depuesto de Kirguistán está dispuesto a retirarse con dos condiciones. Según las palabras del propio Kurmanbék Bakíev, aceptará dimitir si el gobierno interino garantiza el cese de los disturbios en el país, y también su seguridad y la de su familia.
Los integrantes de las nuevas autoridades no reaccionaron de la misma manera. Algunos de sus representantes indican que planean negociar con el mandatario depuesto y proponen que regrese a la capital; mientras otros declaran que no desean dialogar con Bakíev.
El gobierno interino de Kirguistán, que se estableció tras el golpe de estado del pasado 7 de abril, decidió privar de su inmunidad presidencial al derrocado jefe de estado, Kurmanbék Bakíev. La decisión del desafuero fue expedida como una ordenanza y le da un ultimátum al ex presidente: "que vuelva a la capital del país o se librará una orden de aprehensión en su contra."
La postura del gabinete interino fue explicada por su jefe adjunto, Azimbék Beknazárov: “Vamos a vigilar su conducta”, dijo. “Si llama a la guerra civil, tomaremos las medidas adecuadas.”
Mientras Bakíev reside en su pueblo natal o se desplaza sin obstáculos entre las principales ciudades del sur kirguizo (custodiado por centenares de fieles militantes), aún se duda si los insurrectos en Biskek controlan la situación en el país. Eso, y no los llamamientos del presidente derrocado, es el reto para el nuevo poder.
El martes por la mañana, en Jalal-Abad, uno de los centros provinciales sureños, los militantes de Bakíev convocaron a un mítin en la plaza mayor (Erkindik). El gobernador local, Koshbái Masyrov, también destituido por los insurrectos de Biskek, dijo a los asistentes que en la provincia vive una cuarta parte de la población del país y ellos “no permitirán ofensas al presidente legítimo”.
Bakíev también apareció ante la muchedumbre y elogió la postura de no dimitir ni ceder el poder al gobierno autoproclamado. Insistió en abrir una investigación internacional de los acontecimientos de la semana pasada. Según su versión, no hubo órdenes directas de disparar contra el público en la capital, sino que la policía lo hizo obedeciendo la ley y sus propios reglamentos vigentes. Es más, no fueron las fuerzas policiales sino los insurrectos quienes causaron el mayor número de víctimas mortales.