España: Ciudadanos arruinados denuncian a la banca por el abuso de las preferentes

Los ahorros de 700.000 familias han quedado atrapados en los bancos. Les vendieron participaciones preferentes, productos financieros legales, pero de alto riesgo, complejos, ofrecidos masivamente a pequeños ahorradores. Muchos de los afectados, entre ellos jubilados y pensionistas, ahora encabezan manifestaciones, denunciando una estafa que ha llegado a sumar 30.000 millones de euros.  
 

Ha habido una estrategia premeditada para captar recursos de las familias con un producto arriesgado  

"Emitieron un producto tóxico a perpetuidad, invendible, y captaron el ahorro de la gente para poder subsistir. Esto se vendió fraudulentamente, con el engaño y el cebo de un tipo de interés fantástico, y cuando la gente quiso tirar de sus ahorros, les habían engañado”, comenta Íñigo Barrera, técnico de la Asociación de Usuarios de Bancos (ADICAE).

"Palabras textuales: esto es una encuesta, que ya sabes lo pejigueras que son en Bruselas. Esto no tiene mayor importancia tú rellénala", dice un afectado, Jesús Ros Extremado, que firmó un papel en el que se le consideraba no apto para comprar preferentes. 

Abusaron su confianza

Los afectados denuncian que no sabían lo que compraban, que no los informaron o que los informaron mal, abusando su confianza.

"A nadie en su sano juicio se le ocurriría firmarlo si le explicaran lo que es", señala Jesús Ros Extremado. "Yo dejo mi dinero aquí para toda mi vida, la de mis herederos y la de los herederos de mis herederos… porque el producto es a perpetuidad y sujeto a que el banco gane. Todo me hace pensar que ante la necesidad urgente de recapitalización, lo primero que pensaron y lo primero que hicieron fue meternos la mano en el bolsillo a todos los clientes de toda la vida".

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha detectado irregularidades en las ventas de preferentes. Pero es el mismo organismo que las avaló, junto al Banco de España, y que aprobaron también partidos políticos, sindicatos y patronales de las entidades financieras. 

"Cabeza de turco"

"Ha habido una estrategia premeditada para captar recursos de las familias con un producto totalmente arriesgado", sostiene Pau A. Montserrat Valentí, exbanquero y escritor, autor de 'Los bancos culpables'. "Nuestros Gobiernos no pensaban que acabarían arruinando a los clientes, pero parece bastante claro que se permitió hacer esto porque al propio Gobierno le interesaba".

Los trabajadores de los bancos denuncian que se han convertido en "cabeza de turco".  

"Han sido los ejecutores de la venta de un producto que debían vender, nada más. Se ha ofrecido en el convencimiento de que era un buen producto. De lo que ha venido después, mis compañeros ya no tienen la culpa", señala Luis José Rodríguez, presidente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas y Afines (CSICA). 

El sector más denunciado

Más de una veintena de sentencias han dado ya la razón a los preferentistas, y los juzgados esperan una avalancha de denuncias en septiembre, cuando terminen los plazos de negociación, de arbitraje con los bancos. El sector financiero se ha convertido, por primera vez en los últimos 10 años, en el sector más denunciado por los usuarios: el número de denuncias se ha duplicado.

"Se ha colapsado el gabinete jurídico. Son muchas las personas afectadas. Personas que no sabían qué producto estaban contratando", señala Marian Díaz, la portavoz de FACUA en Madrid, una organización dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores. 

Las hipotecas

El producto que más afectó a los ciudadanos fueron las cláusulas suelo, que marcan el interés mínimo que se paga al banco por las hipotecas. Uno de los casos de afectados es el de Jorge Andrés, que paga 200 euros más de lo que le correspondería. Nadie lo avisó de ello, y el contrato era confuso, dice Andrés. 

"La redacción que tiene la escritura del préstamo queda muy velada y no te enteras. Lo único que nos queda a los ciudadanos es la justicia, la justicia en España, en la UE. A algún nivel tendrá que tener solución".

La falta de transparencia de los contratos fue mencionada en la sentencia del Tribunal Supremo contra los bancos, que han tenido que eliminar la cláusula. Sin embargo, los bancos no están obligados a devolver el dinero. Una letra pequeña que, se estima, supone un negocio de entre 3.000 y 5.000 euros al año.