Así, la entrada a la zona de las instalaciones olímpicas y otros terrenos que rodean esa ciudad del sur de Rusia, se realizará a través de unos puestos de control especiales en los que habrá que presentar documentos para que se permita el acceso. Los agentes de la Policía deberán revisar las pertinencias de las personas y las cargas portadas en los vehículos.
Asimismo, se prohíben temporalmente las manifestaciones y marchas no relacionadas con los juegos y planeadas para el período de entre el 7 de enero y el 21 de marzo de 2014.
Cuando aún faltan unos seis meses para la ceremonia de inauguración de los XXII Juegos Olímpicos de Invierno, la ciudad de Sochi ya ha recibido amenazas de los grupos extremistas del Cáucaso Norte. El pasado 3 de julio el líder terrorista Doku Umárov emitió un vídeo en el que prometía hacer todo lo posible para perturbar el evento. El grupo terrorista dirigido por Umárov es responsable de varios atentados sangrientos en Rusia, entre ellos las bombas detonadas en el metro de Moscú en 2010.
La amenaza terrorista condiciona que los eventos deportivos de tan alto nivel se celebren siempre bajo medidas de seguridad extraordinarias en todos los países del mundo. Por ejemplo, durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en esa partida se gastaron en total unos 553 millones de libras esterlinas (cerca de 830 millones de dólares), casi el doble de lo planeado. En total, se movilizaron unos 42.000 efectivos, entre ellos más de 18.000 militares y 7.000 agentes de seguridad privada.
¿Deporte o política?
Entre todas las regulaciones establecidas por el decreto, algunos medios de comunicación internacionales destacan el punto que afecta a las manifestaciones relacionándolo con la polémica alrededor de la legislación antihomosexual rusa. Mientras algunos activistas de los derechos de las minorías sexuales reclaman un boicot a los JJ.OO. de Sochi, otros planean organizar acciones de protesta durante el evento.
Por su parte, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha confirmado que recibió del Gobierno ruso "garantías" de que la ley que prohíbe la propaganda homosexual entre los menores de edad "no afectará a los que asistan o participen en los Juegos".
De hecho, las normas del propio COI prohíben claramente "todo tipo de propaganda política, religiosa o racial" en las instalaciones olímpicas.