El gigante telefónico recibe pagos por parte del Gobierno de EE.UU. por proporcionar a sus agentes el acceso en todo el país a los datos telefónicos de la base, que se remonta a 1987.
El alcance y periodo de tiempo del almacenamiento parece no tener igual entre otros programas gubernamentales, incluida la recogida de registros telefónicos por la NSA, que guarda los datos de casi todas las conversaciones en EE.UU. durante cinco años"El alcance y periodo de tiempo del almacenamiento parece no tener igual entre otros programas gubernamentales, incluida la recogida de registros telefónicos por la NSA, que guarda los datos de casi todas las conversaciones en EE.UU. durante cinco años", escribió el diario estadounidense, citando diapositivas para el entrenamiento de agentes antidrogas, con el logotipo de la Oficina Nacional de la Casa Blanca para el Control de Drogas.
Según los informes, unos 4.000 millones de llamadas son agregadas a la base de datos diariamente y contienen la información sobre el paradero de los usuarios.
El programa fue lanzado en 2007 y se ha realizado en secreto, con instrucciones para que no se mencionara el proyecto en documentos oficiales.
La interacción entre AT&T y las unidades antidrogas ha sido confirmada por funcionarios gubernamentales, que al destacar su eficacia en combatir el crimen, subrayaron que los datos los mantiene la compañía mientras los agentes acceden mediante solicitudes de la DEA.
El portavoz de AT&T, Mark Siegel, confirmó en un correo electrónico que su compañía debe responder a las citaciones (solicitudes) de las agencias de orden público, igual que otras empresas.
Los representantes de Verizon, Sprint y T-Mobile rechazaron comentar si conocían el 'Proyecto Hemisferio' o colaboraban con tales programas.
Los defensores de la privacidad a su vez argumentan que el programa infringe la Cuarta Enmienda a la Constitución de EE.UU., que estipula que los registros por el Gobierno deben realizarse a partir de órdenes judiciales y justificarse por causas razonables.
Jameel Jaffer, subdirector de asuntos legales de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU., cree que una de las razones para el secretismo del 'Proyecto Hemisferio' es que "sería muy difícil justificarlo al público o ante un tribunal".