La decisión de ubicar la sede de la nueva corte en la capital de Baréin, Manama, fue tomada por los ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe en una reunión en El Cairo la noche del domingo.
El ministro de Exteriores bareiní, Sheij Jalid bin Ahmed Al Jalifa, anunció que el tribunal funcionará en el marco de la Carta Árabe de Derechos Humanos (en vigor desde marzo de 2008), un documento ratificado por varios países árabes, entre ellos Baréin, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
"La iniciativa de establecer el tribunal se deriva de la firme creencia de su majestad el rey en la importancia de los derechos humanos y las libertades humanas básicas", dijo el canciller, citado por la agencia de noticias oficial del país.
Sin embargo, los activistas de derechos humanos creen que la medida no es más que un truco de relaciones públicas de la dinastía gobernante bareiní que con el tiempo podría volverse en contra de los ciudadanos a los que se supone que debe proteger.
"Los Estados del Golfo no rinden cuentas por sus abusos contra los derechos humanos", señaló al respecto Maryam al Jawaja, la directora interina del Centro de Baréin para los Derechos Humanos, y calificó la iniciativa de "una bofetada a los que han documentado abusos en Baréin, que se han producido sin consecuencias", según la cita Al Jazeera.
Al Jawaja agregó que podría convertirse en una herramienta que será utilizada contra los líderes como el presidente de Siria Bashar al Assad.
Esa opinión la comparte el profesor de la Universidad de Georgetown en Doha, Luciano Zaccara, que considera que este organismo podría llegar a ser usado como arma política con "implicaciones regionales".
Desde inicios de 2011, Baréin viene siendo escenario de manifestaciones de protesta contra el Gobierno de la familia real, Al Jalifa. Los activistas exigen reformas políticas pero el Gobierno se niega a satisfacer sus demandas, ya que esto podría suponer una disminución del poder del monarca y de sus familiares.