La Ley Dodd -Frank, aprobada en 2010 y que entrará en vigor en 2014, se conoce como ley de reforma de Wall Street y de protección del consumidor y su objetivo es endurecer la regulación de la industria de servicios financieros y mejorar los aspectos de la gestión empresarial.
La norma obliga a las empresas a realizar un seguimiento e informar de los 'minerales de guerra' utilizados en sus productos. Estos minerales son el oro, el estaño o el más codiciado, el coltán (utilizado en los teléfonos móviles, reproductores de DVD, ordenadores portátiles, discos duros, etc.), que se extrae en la República Democrática del Congo (RDC) fundamentalmente y cuyo comercio alimenta sangrientos conflictos armados.
Según el congresista Jim McDermott, la ley Dodd-Frank denuncia que "la explotación y el comercio de minerales de guerra originarios de la RDC está ayudando a financiar conflictos que se caracterizan por niveles extremos de violencia", contribuyendo a una situación de "emergencia humanitaria" en el país.
Mientras tanto, las corporaciones y empresas transnacionales del sector argumentan que el cumplimiento de la norma llevaría aparejado un significativo aumento de los costes y que "no está claro si los congoleños saldrían beneficiados". Asimismo, sostienen que con la mencionada ley, el Gobierno viola los derechos de las empresas contemplados en la Primera Enmienda, al forzar a las compañías a revelar datos de su producción.
El conflicto en la RDC
El conflicto civil en el Congo ha sido impulsado desde hace más de una década por la lucha por el control de los vastos recursos naturales del país, tradicionalmente oro, diamantes y madera. Ahora, el coltán se ha convertido en el 'oro gris' del continente africano. Crucial para la fabricación de dispositivos de telefonía móvil, ordenadores portátiles y otros aparatos electrónicos, este material se encuentra en importantes cantidades en la zona noroeste de la República Democrática del Congo (RDC).
La creciente demanda de este mineral por parte de Occidente está desatando múltiples matanzas en la RDC, donde no sólo las empresas extranjeras expolian sus minas de coltán, sino que también sus vecinos Ruanda y Uganda roban el mineral para exportarlo a Occidente y Asia.
Bajo la estricta vigilancia de las milicias rebeldes y esclavizados por los señores de la guerra, incluso los niños extraen este material arriesgando sus vidas en las minas, víctimas fáciles de una tupida red de intereses que salvaguardan este comercio sangriento. Mientras tanto grandes compañías de tecnología en los países desarrollados continúan importando coltán indiscriminadamente, a pesar de las advertencias de Naciones Unidas al respecto.