Manifestantes y legisladores demócratas e incluso gobernadores latinos instaron a boicotear al estado de Arizona que aprobó la dura “Ley SB 1070”, que criminaliza a los indocumentados. Los activistas llamaron a aplicar sanciones contra la ley, calificada por todas las organizaciones de derechos humanos estadounidenses como racista y xenófoba.
La ciudad de San Francisco, California, decretó el cese de los viajes de funcionarios de esta ciudad a Arizona y de cualquier contrato con el estado de Arizona. El alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, llamó a los residentes de la ciudad a no visitar Arizona ni comprar productos hechos en este estado.
Además, uno de los opositores de la controvertida ley, el diputado demócrata Raul Grijalva, pidió a los ciudadanos de otras regiones organizar un boicot económico. "Estamos llamando a las organizaciones a no agendar convenciones o conferencias en ese estado, en tanto no revoque esta decisión", dijo. Además, el político recomendó que no vayan de vacaciones a Arizona. Para el estado donde se sitúa el Gran Cañón del Colorado la industria del turismo es una de las principales fuentes de ingreso, motivo por el cual el boicot podría deteriorar seriamente su economía interna.
Críticas de la reforma
Se calcula que en Arizona residen cerca de 460.000 indocumentados, la mayoría de ellos de origen mexicano. Según la nueva ley, los policías del estado de Arizona tienen derecho a detener a cualquier persona que por su aspecto físico parezca un inmigrante ilegal. La normativa establece que la inmigración ilegal es un délito estatal y quien no pueda presentar sus documentos podría ser condenado a 6 meses de prisión.
Los críticos de la medida afirman que es inconstitucional y podría provocar discriminación racial, en particular contra la población latina que reside en EE. UU. En cambio, los partidarios de la ley la ven necesaria para detener el crimen en el estado, que es uno de los puntos clave para el tráfico de inmigrantes y de drogas.
La medida fue condenada por varios gobiernos latinoamericanos (como el hondureño y el mexicano) y también por la Organización de Estados Americanos. El gobierno de México emitió una alerta de viaje para los ciudadanos que planeen ir a ese estado norteamericano. El presidente mexicano, Felipe Calderón, consideró que la ley podría llevar al “odio” y a la “intolerancia”.
El propio presidente estadounidese, Barack Obama, criticó la medida, argumentando que fue "mal concebida" y "no representa la manera correcta" de resolver el problema de la inmigración ilegal. Los opositores a la polémica ley hicieron varios llamamientos al mandatario norteamericano para que cumpla su promesa electoral e impulse una reforma de inmigración integral. En respuesta, la Casa Blanca prometió presionar en favor de una reforma migratoria que podría evitar “la mala legislación que vemos en Arizona y el otro extremo, tener medio millón de ilegales sin control”.