El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminó este lunes que la aplicación de la Doctrina Parot en el caso del miembro de ETA Inés del Río Prada, condenada a 3.828 años de prisión por 24 asesinatos, viola los derechos de la presa. El Tribunal de Estrasburgo exigió la excarcelación de terrorista y el pago de una indemnización de 30.000 euros.
La legislación española establecía que la reducción de la condena por beneficios penitenciarios como estudios, trabajo, etc., se realiza sucesivamente respecto de cada uno de los periodos de encarcelamiento y no en todo su conjunto. Esta doctrina fue aplicada en casos de terroristas, numerosos asesinos, y en otros crímenes graves.
En 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que la Doctrina Parot viola los artículos 5.1 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que debería ser modificada, a pesar de tener el aval del Tribunal Superior y del Tribunal Constitucional de España.
No obstante, Madrid considera que la anulación de la Doctrina Parot es contraria a los intereses nacionales. La medida penitenciaria es "justa, correcta y necesaria y ha sido muy útil para luchar contra ETA", recalcó Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Pese a que el portavoz del Tribunal ha precisado que la resolución no se extiende a otros casos, las autoridades perciben que el dictamen va dirigido en contra de España por crear el precedente que permite a entre 140 y 600 presos etarras salir en libertad en un periodo relativamente corto.
Por el contrario, el politólogo Carlos Martínez García indica que la derogación de la Doctrina Parot por el Tribunal de DD.HH. y la excarcelación de los miembros de ETA podría, entre otras cosas, ser una medida favorable para "acabar de una vez por todas con el sangriento conflicto vasco".