El objeto de estas diligencias informativas es determinar si, con los datos que se conocen hasta ahora sobre el asunto, hay algún elemento de relevancia penal y si se decide abrir una investigación sobre el asunto, esta sería competencia de España o no.
El propio fiscal general del Estado español, Eduardo Torres-Dulce, ha autorizado la apertura de estas diligencias informativas y que quedarán a cargo de la Fiscalía especial para delitos informáticos, según ha informado Europa Press.
Las autoridades de España transmitieron este lunes a Washington su "seria preocupación" sobre el supuesto espionaje. Si los datos se confirman, podrían suponer "la ruptura del clima de confianza" entre países, acentuó ayer el ministro de Exteriores español Jose Manuel García-Margallo.
La advertencia de García-Margallo al Gobierno de EE.UU. se produjo el mismo día que James Costos, embajador estadounidense en Madrid, dio explicaciones sobre el caso al secretario de Estado para la UE, Iñigo Méndez de Vigo, en ausencia del ministro de Exteriores español.
Costos se comprometió a despejar las "dudas" que han podido surgir sobre este asunto y manifestó que mantendrá la "comunicación abierta" hasta que se recopile toda la "información" de las agencias de inteligencia estadounidenses.