El hijo del ex presidente de Kirguistán, procesado por corrupción
Maxím Bakíyev, el hijo menor del derrocado presidente de Kirguistán Kurmanbék Bakíyev, podría estar implicado en un escandaloso caso de corrupción que se investiga actualmente en el país.
La Fiscalía local comenzó a examinar la legalidad de los suministros de combustible a la base militar estadounidense de Manás que fueron realizados por empresas dirigidas por Maxím Bakíyev. Según el organismo, la ex dirección de la República sancionó la rebaja de los aranceles para sus compañías, lo que generó pérdidas en el presupuesto estatal.
Se ha establecido que en 2005 Kurmanbék Bakíyev aprobó una ley que fijó el 'impuesto cero' sobre la importación de combustible con el objetivo de que los "interesados pudieran obtener beneficio". En virtud de este documento se trajeron casi dos millones de toneladas de combustible a Kirguistán sin abonar impuesto alguno entre los años 2005 y 2010.
La Fiscalía ya ha promovido una acción penal y aprecia la existencia de hechos que perjudicaron claramente a las arcas públicas.
Los activos de Maxím Bakíyev ya han sido embargados. Anteriormente, el nuevo gobierno anunció que las pérdidas provocadas por la actividad ilegal de los parientes y amigos del ex presidente, superan los 44 millones de dólares. Se iniciaron 23 acciones criminales contra los allegados de Bakíyev. Tampoco evitaron las acusaciones el hermano del ex presidente, Zhanynbek Bakíev, responsable del Servicio de Seguridad Presidencial, y el hijo mayor del ex mandatario, Marat.
El 17 de abril las nuevas autoridades de Kirguistán iniciaron una causa criminal contra Kurmanbek Bakíev, basada en una cantidad de delitos que incluyen no sólo las matanzas del pasado 7 de abril en Biskek, sino también otros incidentes relacionados con el abuso de poder.
La base aérea estadounidense de Manás –importante centro de apoyo logístico a las operaciones militares en Afganistán– fue instalada cerca de la capital, Bishkek, en 2001. Más tarde, en 2009, Kurmanbek Bakíyev declaró que todos los acuerdos sobre la instalación de la base quedaban anulados. Sin embargo, después de su destitución el Gobierno provisional anunció que no tiene intención de revisar los acuerdos sobre esta base. Hace unas horas un partido local exigió su cierre a la actual administración del país.