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Médicos estadounidenses impunes por la muerte de un inmigrante

Publicado: 4 may 2010 02:23 GMT

La Corte Suprema de Estados Unidos dijo este lunes a la familia de un inmigrante salvadoreño, que murió en la cárcel por falta de atención médica, que no puede demandar a los funcionarios médicos federales.

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La Corte Suprema de Estados Unidos dijo este lunes a la familia de un inmigrante salvadoreño, que murió en la cárcel por falta de atención médica, que no puede demandar a los funcionarios médicos federales.

De acuerdo con The Associated Press, el veredicto final del máximo tribunal estipula claramente que el gobierno federal, no los médicos federales individualmente, debe ser el acusado en demandas surgidas de reclamos por compensación por daños por parte de empleados federales en sus funciones.

Cuando estaba en prisión en California, al salvadoreño Francisco Héctor Castañeda se le negó realizar una biopsia por una dolorosa lesión en el pene, pese a las recomendaciones de especialistas en el exterior.

Según sus abogados, Castañeda, fue atendido con ibuprofeno, antihistamínicos y antibióticos para una lesión que sangraba y tenía pus. Más tarde tuvieron que amputarle el pene, pero para entonces el cáncer ya se había diseminado y el salvadoreño murió.

El gobierno federal ha admitido la culpabilidad por negligencia médica, pero los familiares de Castañeda también demandaron a los funcionarios médicos del Ministerio de Salud Pública por daños, a lo que el gobierno respondió que su personal médico tiene inmunidad absoluta, contra demandas por sus funciones oficiales.

En 1970 el Congreso estadounidense, aprobó una ley que da inmunidad a los médicos del Servicio de Salud Pública que atienden a inmigrantes bajo arresto.

Bajo esa ley los familiares de Castañeda sólo pueden demandar al gobierno federal bajo la Ley de Responsabilidad Extracontractual, que prohíbe los procesos por jurado y pagos por punitivos, además de limitar las compensaciones a aquellas permitidas por las leyes estatales.

Castañeda pasó ocho meses en una prisión estatal californiana tras ser hallado culpable en 2005 de posesión de metanfetaminas con intenciones de distribuirlas. Se quejó de la lesión cuando estaba en un penal de San Diego y de nuevo cuando fue transferido a un centro de detención de indocumentados en San Pedro, por estar ilegalmente en el país.

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