Formaciones como el PSOE y la Izquierda Plural tachan la iniciativa de "represiva e inconstitucional", mientras que el PNV considera exageradas las sanciones, mientras que la Generalitat catalana se muestra contraria a las multas por movilizaciones no autorizadas.
Tras defender el despliegue de más medios para la contención de la violencia urbana, el 'conseller' de Interior, Ramon Espadaler, expresó su "preocupación severa" ante una posible "acotación" de derechos fundamentales. Desde el PNV, el diputado Pedro Azpiazu ha apostado por mecanismos "menos represivos" y "más democráticos" como la educación para resolver los problemas de seguridad ciudadana en vez de las multas.
Más contundente se ha mostrado el ex coordinador general de IU, Julio Anguita, que advierte que las medidas propuestas son "la antesala del fascismo" y del "horror". Las asociaciones judiciales también se han pronunciado, entre ellas Jueces para la Democracia, que ha calificado de "desproporcionadas" e "inconstitucionales" algunas medidas del anteproyecto, como la persecución de los escraches o las manifestaciones pacíficas ante instituciones como el Congreso.
En la misma línea se expresa Quique Castillo, portavoz de la plataforma 'Democracia Real Ya', que en declaraciones a RT denucnia que lo que pretende la ley es "básicamente impedir o, al menos, hacer que la gente tenga miedo de salir a la calle a seguir protestando por la merma de derechos que estamos sufriendo la ciudadanía". Según él, se trata de "una ley represiva" que acota los derechos fundamentales.
Tampoco ha ahorrado críticas la magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, para la que el texto "rezuma un espíritu autoritario de restricción de derechos de los ciudadanos" y evoca "tiempos anteriores a la Constitución".
El miércoles Interior dio a conocer las líneas generales del anteproyecto de la futura ley que multará con hasta 600.000 euros las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado, como el Congreso o el Senado, aunque en ese momento no tengan actividad, o los escraches. Además, sancionará con multas de entre 1.001 y 30.000 euros el insulto o injuria contra los agentes, así como alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha salido al paso de las críticas que ha suscitado el proyecto de ley, asegurando que "en absoluto es una mordaza". El presidente sostiene que su único objetivo pasa por cumplir la obligación del Gobierno de garantizar "la seguridad y la libertad" de todos los ciudadanos.