En concreto, el documento establece que "nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia", según informó la agencia Reuters. Además, el documento indica que la recogida ilegal de datos personales, especialmente a gran escala, impide el ejercicio de los derechos humanos.
El texto insta a los países a respetar y proteger el derecho a la privacidad, acabar con las violaciones a la intimidad y crear condiciones para impedirlas en el futuro.
Asimismo, el documento pide a los Gobiernos que examinen sus procedimientos, prácticas y legislaciones sobre la vigilancia e interceptación de las comunicaciones y advierte sobre los efectos negativos que puede tener la vigilancia masiva.
"Los derechos humanos deben prevalecer y por lo tanto necesitan ser protegidos, tanto 'offline' como 'online'. Los Estados deben abstenerse y ser responsables de cualquier acto que viole estos derechos, incluido el derecho a la intimidad", dijo el enviado brasileño ante la ONU, Antonio Patriota.
En diciembre, la legislación se someterá a la votación del pleno de la Asamblea General. Dada la unanimidad de la votación en la comisión, es muy probable que la resolución sea aprobada también por el pleno de la Asamblea, señala la agencia.
La iniciativa de la consideración de dicha resolución parte de Brasil y Alemania y surgió como consecuencia del escándalo del espionaje llevado a cabo por la inteligencia de EE.UU., de los líderes y ciudadanos de numerosos países, entre ellos los dos que ahora han impulsado esta medida.
Por su parte, el periodista de investigacion Adrian Vallarino dijo a RT que EE.UU. cree que esta resolución va a afectar su seguridad nacional, por lo que tratará de socavar su aprobación y utilizará en un futuro tecnologías más secretas en sus actividades de vigilancia.