A principios de este año el republicano Walter B. Jones y el demócrata Stephen Lynch obtuvieron el acceso a un archivo de 28 páginas del FBI, redactado a finales del 2002, que aclara la conexión de los miembros de la familia real saudita con los terroristas responsables del atentado del 11-S, informa el portal IBTimes. El documento se hizo secreto para defender la seguridad nacional durante la presidencia de George W. Bush.
Ambos políticos norteamericanos aseguran estar absolutamente sorprendidos por el contenido del archivo, que les hizo abrir los ojos hacia unas personas en las que habían confiado completamente y que les decepcionaron. Tanto Jones como Lynch tuvieron que firmar el juramento de no divulgar la información confidencial, pero los dos creen que el archivo debe hacerse público porque los ciudadanos estadounidenses merecen saber la verdad sobre los responsables del atentado del 11-S.
Los ciudadanos pronto podrían ver el misterioso archivo de 28 páginas. La semana pasada Jones y Lynch presentaron una petición dirigida al presidente Obama para desclasificar el documento. Hasta ahora, la Administración del presidente de EE.UU. se niega a hacer comentarios acerca del tema.
Hace una década, 46 senadores demócratas ya exigieron mediante una carta al presidente Bush divulgar el mencionado documento, porque, según ellos, la decisión de clasificar esta información enviaba un mensaje equivocado al pueblo estadounidense sobre el esfuerzo antiterrorista del Gobierno y podía hacer creer que no hay penalización para los instigadores extranjeros de los secuestradores de aviones.
Desde los atentados en las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 la opinión pública, apoyada por los medios de comunicación, intenta sin mucho éxito descubrir la verdadera naturaleza de la relación entre los 19 secuestradores -15 de los cuales eran ciudadanos sauditas- y el Gobierno de Arabia Saudita.
Varios medios informaron de que algunos de los terroristas estaban vinculados con la familia real saudita y que incluso podían haber recibido apoyo financiero del Gobierno del país árabe, así como de compatriotas suyos afincados en San Diego (EE.UU.). Arabia Saudita ha negado reiteradamente cualquier conexión son los secuestradores.