En Estados Unidos siguen las batallas sobre la polémica ley antiinmigrante de Arizona: mientras la mayoría de los estadounidenses, según los investigadores, está a favor de la ley, la ciudad de Los Ángeles aprueba un boicot económico contra el Estado de Arizona.
Según la encuesta, realizada por el Centro Pew de Investigaciones, la mayoría de los estadounidenses apoya la ley promulgada en Arizona que criminaliza la inmigración ilegal. Después de ser encuestados sobre las distintas cláusulas de la ley, el 59% dijo que, tomándolas todas en cuenta, aprueban la ley de Arizona. El 32% se manifestó en desacuerdo.
El 73% de los encuestados está a favor de que la policía pueda exigirle a algún sospechoso documentos que verifiquen su estatus legal. El 67% está a favor de que las autoridades puedan detener a quien no demuestre estar en el país legalmente y el 62% coincide en que la policía debe poder interrogar a cualquier sospechoso de ser un indocumentado, señala el estudio.
Los demócratas están divididos a partes iguales sobre la ley de Arizona: el 45% la aprueba y el 46% la rechaza. Entre los republicanos hubo un respaldo abrumador a la ley y a las tres cláusulas examinadas.
El sondeo fue realizado por el Centro Pew para el Pueblo y la Prensa, del 6 al 9 de mayo, entre 994 personas.
Por otra parte, la encuesta realizada paralelamente para el diario The Wall Street Journal y la cadena de televisión NBC indicó que más de un 70% de los hispanos de EE. UU. se opone a la ley. Esta encuesta indicó que solo un 34% de los estadounidenses de origen hispano está de acuerdo con su aplicación en Arizona.
Entretanto, mientras los investigadores realizan sus encuestas, Los Ángeles (California) se convirtió en la mayor ciudad estadounidense en boicotear económicamente a Arizona.
Las autoridades de la ciudad han aprobado una prohibición para comerciar con este Estado en protesta contra la nueva ley. Esa medida afectaría a unos ocho millones de dólares en contratos.
La resolución exhorta a la ciudad a dejar de hacer negocios con Arizona, aunque las autoridades tendrán que evaluar cada contrato para asegurarse de que no corren el riesgo de ser demandadas.
El miércoles 12 de mayo, el concejo municipal de Los Ángeles aprobó la medida por 13 votos a favor y uno en contra.
Aún así, la ley de Arizona sigue desatando críticas por todo el país. Tony Estada, alguacil del condado de Santa Cruz y estadounidense de origen mexicano, ha agregado que la ley de Arizona "está basada en que todo el inmigrante que cruza esa frontera es un criminal, que nada más viene a hacer daño a la economía y no es así".
Un portavoz de la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, que firmó la ley el pasado 23 de abril, no ha querido comentar la decisión de Los Ángeles, que también suspende cualquier viaje desde esta ciudad al polémico Estado.
La ley de Arizona, que está previsto que entre en vigor a finales de julio, convierte en delito menor la presencia ilegal en el Estado de Arizona y otorga a los departamentos policiales autoridad para cuestionar el estatus de una persona si existe "sospecha razonable" de que es un inmigrante ilegal. La ley otorga también facultades especiales a la Policía estatal para pedir documentos de residencia legal a cualquier persona.
La normativa desató un coro de protestas por parte de organismos de derechos humanos y de representantes de comunidades étnicas, principalmente hispanas.
Según cálculos oficiales, en Arizona, el Estado limítrofe con México, residen alrededor de 460.000 inmigrantes ilegales, la mayoría mexicanos.