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Juicio contra ‘superjuez’ español Baltasar Garzón

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El Tribunal Supremo de España ordenó la apertura de juicio oral contra el juez Baltasar Garzón,de la Audiencia Nacional de ese país, por su investigación de los crímenes del franquismo.

El Tribunal Supremo de España ordenó la apertura de juicio oral contra el juez Baltasar Garzón,de la Audiencia Nacional de ese país, por su investigación de los crímenes del franquismo.

La medida supone sentar en el banquillo a Garzón y su posible inhabilitación permanente como juez de la Audiencia Nacional.

La apertura del juicio oral contra el llamado ‘superjuez’ fue decretada por el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, que lo acusa de un presunto delito de prevaricación por haber iniciado una investigación de los crímenes de la Guerra Civil (1936-1939) y del franquismo (1939-1975) sin tener competencia para ello.

La decisión de Varela se hace pública un día después de que Garzón solicitara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces españoles, su traslado temporal a la Corte Penal Internacional de La Haya (Holanda), para trabajar siete meses como asesor externo del Fiscal jefe, el argentino Luis Moreno Ocampo.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que atiende a los familiares de los desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista, considera que Baltasar Garzón se ha convertido en “la última víctima del franquismo”.

Silva dijo que la persecución del Tribunal Supremo ha sido tal, que el juez ha renunciado a la posibilidad de defenderse para convertirse en un refugiado político en La Haya.

"Que el único juez que se ha atrevido a investigar estos crímenes se tenga que marchar de España es un estrechamiento de la democracia", opina Silva.

La asociación considera la marcha de Garzón como una "amputación a la justicia española" y cree que es "un hecho de extrema gravedad" y un pésimo precedente para otros jueces que intenten investigar los crímenes del franquismo.

Garzón, más conocido después de que en 1998 ordenara la detención del dictador chileno Augusto Pinochet, ha tramitado alguno de los procesos más importantes contra terrorismo y el narcotráfico.

Ahora afronta en España tres causas judiciales en las que comparece como imputado: en una de ellas se le acusa de intervenir comunicaciones entre acusados detenidos en un caso de corrupción y sus abogados defensores; en otra, de investigar los crímenes del franquismo; y en la tercera, de recibir supuestamente cobros del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

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