Los abogados de ACLU argumentaron que las búsquedas realizadas sin una sospecha razonable son una violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege contra registros e incautaciones sin razón.
Sin embargo, para el juez Korman el área de unos 160 kilómetros del territorio interior se considera como una "exención de la frontera". Además, Korman explicó que los demandantes no lograron demostrar que la práctica afectara a alguien. También dijo que fallos anteriores en la protección de la Cuarta Enmienda contra registros no razonables no se aplica a los esfuerzos del Gobierno por asegurar las fronteras contra posibles amenazas.
Durante mucho tiempo el Gobierno federal ha llevado a cabo el registro de gente que entra y sale de EE.UU., pero el Congreso amplió esa política mediante la creación del Departamento de Seguridad Nacional y la creación de, al menos, 33 puestos de control dentro del país donde la gente es detenida y se le pide que demuestre su ciudadanía.
Los demandantes señalan que casi dos tercios de la población estadounidense (197,4 millones) vive a 160 kilómetros de la frontera de EE.UU. como Nueva York, Washington, Boston, San Francisco, Los Ángeles, Miami y hay docenas de otras áreas metropolitanas importantes que entran en la llamada zona de "exención".
Los datos del Departamento de Seguridad Nacional indican que en el periodo de entre el 2008 y el 2010 alrededor de 6.500 personas fueron sometidas a registros. "Estamos decepcionados con esa decisión que le permite al Gobierno realizar búsquedas intrusivas en los odenadores portátiles y otros aparatos electrónicos de los estadounidenses en la frontera sin ninguna sospecha de que esos dispositivos contengan evidencias de mala conducta", dijo la abogada de la ACLU, Catalina Crump, y recalcó que el grupo está considerando presentar una apelación.