Se informa de que el Ministerio peruano de Cultura aprobó un plan para expandir este proyecto valorado en 1.600 millones de dólares. En los trabajos hidrocarburos están involucradas compañías como la petrolera argentina Pluspetrol, la estadounidense Hunt Oil y la española Repsol.
Los pozos petroleros se perforarán en la Reserva Nahua-Nanti donde residen las comunidades indígenas. Se detonarán miles de cargas explosivas y participarán maquinarias pesadas, lo que causará irreversibles daños tanto a los humanos como al medio ambiente.
Hace poco el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, visitó el lugar y aconsejó al Gobierno de Perú que realice "un estudio exhaustivo acerca de la presencia y las condiciones de los pueblos o agrupaciones indígenas no contactados".
En opinión del director de Survival International, Stephen Corry, "el plan de expansión de Camisea sienta un escalofriante precedente". "Si se permite al mayor proyecto gasístico de Perú operar en medio de una reserva para pueblos indígenas aislados, las leyes que el Gobierno ha puesto en marcha para proteger a sus pueblos indígenas quedan completamente carentes de sentido. ¿Por qué tanta prisa en menoscabar los recursos del país a costa de vidas indígenas? ¿Acaso no ha aprendido Perú nada sobre la sangrienta y triste historia del contacto?", insiste.