La propuesta quiere elevar una proposición de ley a la Cámara Baja de las Cortes españolas para que debata si traspasa la competencia a la Generalitat para convocar la consulta de autodeterminación mediante el artículo 150.2 de la Constitución Española, una posibilidad que ya ha descartado el PP.
Respecto al significado de esta votación, el analista político Miguel Anxo Murado dice a RT que se trata más bien de una "maniobra de imagen". "Lo que quieren hacer ver los partidos independentistas catalanes es que el Gobierno central y el Parlamento de Madrid no ofrecen otra solución más que la convocatoria unilateral del referéndum y, en caso de que eso no sea posible, pues probablemente unas elecciones plebiscitarias, en las cuales la independencia se presentaría como el asunto a votar", explica, y reitera "es más bien hacer agotar esta salida y hacérselo ver a sus seguidores".
"Hoy votamos una vía legal y acordada. Estamos dando la última oportunidad al Gobierno español", anunció la diputada catalana de Esquerra Republicana Marta Rovira. "Cuantos más seamos, más credibilidad tendremos", añadió.
Dolors Camats, de Iniciativa per Catalunya, declaró que "la consulta es una oportunidad para España si sabe estar a la altura", tachó al PP de "partido de la involución" y condenó la "ceguera" de los socialistas.
Por su parte Maurici Lucena, del Partido Socialista de Cataluña, calificó de "trágala" la proposición presentada por CiU, ERC e ICV subrayando que el PSC "no quiere separarse de España" y sí una "profunda reforma de la Constitución". No obstante, tres diputados del PSC han roto la disciplina de grupo y han votado a favor de la propuesta.
Del PP, Alícia Sánchez-Camacho expresó que "hoy se inicia el camino para romper España, el camino hacia la independencia" y reclamó a Artur Mas realismo, asegurando que la ruptura solo traería retroceso en la región autónoma.
A finales del diciembre los parlamentarios catalanes fijaron la fecha del referéndum el 9 de noviembre del 2014. Por su parte, Alberto Ruiz-Gallardón, el ministro de Justicia de España, aseguró que "el Estado garantiza que la consulta no se va a celebrar".