El documento de 6.300 páginas, que fue elaborado por la Comisión de Inteligencia del Senado y que continúa siendo altamente clasificado, indica que existen pocas evidencias de que las conocidas 'técnicas de interrogatorio mejoradas' ayudaran a conseguir avances en la lucha antiterrorista, apunta el rotativo. Estos métodos se autorizaron en 2002 y se utilizaron en los centros de detención de Abu Ghraib y Guantánamo.
La CIA ha defendido ante el Departamento de Justicia y ante el Congreso de EE.UU. que este programa sirvió para conseguir información que, de otra forma, resultaría inaccesible. Asimismo, ha subrayado que gracias a estas técnicas han logrado destapar complots terroristas y salvar miles de vidas.
"¿Era eso realmente cierto? La respuesta es no", asegura uno de los funcionarios que colaboró en la elaboración del controvertido informe.
En el documento se acusa a la CIA de ocultar detalles sobre la gravedad de los métodos que aplicaron, así como exagerar la importancia de los datos facilitados por los reos, indica el periódico 'The Washington Post', que ha podido divulgar detalles del mismo gracias a la información filtrada por algunos funcionarios que tuvieron acceso a él y que hablaron bajo la condición de mantener el anonimato.
Estas personas indicaron que el informe ofrece nuevos detalles sobre una extensa red de centros de detención secretos o 'agujeros negros' donde permanecieron personas tras ser capturadas en Irak o Afganistán.
Además, pone de manifiesto las divisiones internas dentro de la CIA sobre el programa de tortura y revela casos en los que funcionarios de la CIA exigieron que los métodos de tortura continuaran a pesar de que los analistas insistieron en que los presos no siempre tenían información que ofrecer.
De acuerdo con fuentes anónimas que hablaron con el rotativo, en numerosas ocasiones la CIA fue capaz de obtener la mayoría de su información de inteligencia sin el uso de las 'técnicas de interrogatorio mejoradas'.
Se espera que el Comité de Inteligencia del Senado vote este jueves el envío de un resumen ejecutivo del informe al presidente de EE.UU., Barack Obama, para su desclasificación. No obstante, funcionarios estadounidenses señalan que podrían pasar meses antes de que se haga al público.