Se trata de dos casos análogos, "donde lo que cuenta es la voluntad popular", asegura el científico del Instituto Politécnico Nacional de México, Miguel García Reyes. En el caso de Crimea las autoridades locales consultaron a la gente cuál debía ser su destino, aunque desde el centro federal la iniciativa fue desaprobada desde un principio.
El caso de la reforma energética en México es el mismo: aunque ya existe un decreto, aprobado por el Ejecutivo, el que decide debe ser el pueblo, sugiere el catedrático. En su opinión, todo indica que la admisión de las empresas extranjeras al sector energético nacional va a traer más daños que beneficios.
Para determinar si eso es así, una consulta popular es tan necesaria como un análisis de la causa y las consecuencias que va a tener la medida apoyada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, argumenta García Reyes.