Niegan a un ex policía los derechos sobre un piso que vigiló 17 años

Un juzgado de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, desestimó la demanda interpuesta por un ex agente de policía que quería privatizar el piso  el cual "había acechado" durante 17 años. El recién retirado oficial Andrei Pugin pretendió que la justicia le cediera el inmueble al que dedicó, según denunció, una parte significativa de su carrera profesional.

El ex policía denunció ante la jueza que el propietario legítimo, un hombre de 50 años que no tenía parientes próximos en la ciudad y soñaba con trasladarse a Israel, había sido secuestrado y asesinado por unos corredores de propiedad 'negros' en 1993: año marcado por un incremento incontrolado de la delincuencia en Rusia. Como el oficial honesto que se consideraba, organizó en el piso un acecho para vigilar las actuaciones ulteriores de los criminales, pero no aparecieron al cabo de una semana, ni de un mes, ni de un año.

Durante noches insomnes y durante largos años el agente no dejó su puesto de vigilancia. Conforme a su palabra, “tenía que asentarse en este piso”. Para facilitarle el cumplimiento de su misión su esposa se intaló en el propio inmueble, donde más tarde nacería su hijo.

Solo después, Pugin se enteró de que los dos miembros del crimen organizado que habían contactado con el dueño con pretexto de alquilar su apartamento para instalar en él una oficina y luego le habían matado, lograron vender hasta tres veces sucesivas el inmueble, trasladándose después a otra región. En el juzgado el ex oficial de la policía aseguró que no sabía nada de que la Fiscalía hubiera desenmascarado a los asesinos a finales de 1993. Al igual de que en 1998 los dos hubieran sido encarcelados, así como que también cumplieron su condena en la década pasada.

El demandante apeló a una cláusula del Código Civil que permite reconocer el derecho de uno de apoderarse “de hecho” de los bienes vacantes si nadie reivindicara sus derechos ligítimos del propietario durante 15 años. Insistió en que todo este tiempo había pagado concienzudamente, desde su propia cuenta, los gastos de comunidad, la electricidad, agua, gas, la radio y el teléfono.

No obstante, el juzgado le denegó la reivindicación del derecho de propiedad, al sospechar que Pugin abusaba de sus funciones profesionales, aunque fuera su conducta el objeto de otra investigación judicial.