Torturas, trato inhumano, actos de desorden
El libro blanco demuestra que los acontecimientos en Odesa no fueron algo excepcional en la práctica de los matones del Sector Derecho. Así, el 18 de febrero de 2014 tras la toma por los milicianos de esta agrupación ultranacionalista de la sede del oficialista Partido de las Regiones en Kiev, fueron asesinados dos hombres, uno de ellos, encerrado en el sótano dónde lanzaron un cóctel molotov, murió de asfixia y quemaduras. A las mujeres que estaban en el edificio en aquel momento les pintaron símbolos y lemas nacionalistas y las expulsaron a la calle semidesnudas.
Actos de violencia cometidos por 'manifestantes pacíficos'
De acuerdo con el documento, los manifestantes 'pacíficos' de Maidán se caracterizaban por un alto nivel de equipamiento de armas de fuego, bates y distintos arsenales especiales, así como equipos de comunicación por radio y de protección, lo que demuestra su alto nivel de organización y entrenamiento, poco común en protestas habituales.
Intimidación de los disidentes, censura en los medios
Además del cese de la transmisión de canales de televisión rusos, los representantes del nuevo orden de Kiev tienen el mismo trato hacia medios de información ucranianos. Así, el 15 de marzo los activistas de la llamada autodefensa de Maidán bloquearon la cadena Inter con exigencias de cambios en la política informativa del canal. Sus directivos y principales periodistas recibieron amenazas a través de mensajes de texto, redes sociales y llamadas telefónicas.Discriminación étnica y xenofobia
La escalada de violencia en Ucrania coincidió con el aumento del antisemitismo y xenofobia. Así, el 7 de diciembre 2013 en el metro de Kiev aparecieron folletos suscritos por el partido Svoboda que contenían llamadas a cometer actos de violencia contra los judíos y echarlos "de las calles de nuestro país". Por su parte, uno de los coordinadores del Sector Derecho, Alexánder Muzychko, en un vídeo publicado en Internet instó a sus seguidores a "limpiar a Ucrania y Crimea" de rusohablantes.
En el mes de marzo, la diputada del Parlamento ucraniano del partido Svoboda Irina Farión presentó un proyecto de ley que estipulaba siete años de cárcel por utilizar en lugares públicos y edificios administrativos de Ucrania el idioma ruso, que es la segunda lengua más usada del país.
Como resume el Ministerio de Exteriores ruso, la prolongación de esta falta de observancia de la legalidad puede intensificar los conflictos en toda Europa. "Estamos convencidos de que en caso de continua ilegalidad en Ucrania la situación podría derivar en una grave amenaza para la paz y la seguridad regionales y dar lugar a un mayor crecimiento de las contradicciones y los conflictos internacionales e interétnicos en Ucrania y Europa en su conjunto", reza el documento.