La reforma, caso de ser aprobada por la cámara de diputados y firmada por el presidente Enrique Peña Nieto, incrementaría el poder monopolístico de las empresas televisivas, al tiempo que limitaría al mínimo la actividad de los medios comunitarios e indígenas, explican los expertos.
Desde la presidencia mexicana se afirma que la reforma no tiene por objeto dañar a ningún agente económico, sino que pretende beneficiar a los mexicanos. No obstante, los diputados opuestos a la iniciativa afirman que, en realidad, esta reforma no sirve para generar mayor competencia, pluralidad y diversidad en los medios de comunicación.
Uno de los puntos clave de la normativa es que no se establece que el predominio de las compañías de telecomunicaciones se defina por los servicios y, en consecuencia, la empresa Televisa, que controla alrededor del 50% de los canales de televisión del país, no sería calificada de monopolística.
Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, asegura en declaraciones al portal de noticias Reporte Indigo, que esta medida solo conlleva "cambios cosméticos". "Se generan cláusulas y artículos específicos para permitir que Televisa siga ampliándose de manera muy fuerte", denuncia Calleja, agregando que el mercado se lo repartirán los monopolios ya existentes, es decir, "entre Slim y Televisa".
Por su parte, Carlos Slim, propietario de la gigante América Móvil, considera que la ley favorece a Televisa, pese a que desde el Gobierno niegan que exista favoritismo para dicha cadena en detrimento de Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.