Este jueves, primero el Senado, y después la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, aprobaron nuevas sanciones unilaterales contra Irán.
Al comentar esta decisión, la senadora demócrata Barbara Mikulski señaló, en una clara alusión a Rusia, que “las sanciones aprobadas por la ONU son un buen primer paso, pero bastante moderadas, ya que en el Consejo de Seguridad de este organismo hay otros miembros que quisieran mantener vínculos comerciales con Irán”.
“Es por eso que los Estados Unidos deben imponer sus sanciones unilaterales”, explicó.
Anteriormente, por medio de un comunicado conjunto, los presidentes de ambas cámaras del Congreso, Christopher Dodd y Howard Berman, respectivamente, argumentaron que la decisión busca “aumentar sustancialmente los continuos esfuerzos multilaterales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Unión Europea” para frenar el desarrollo nuclear de Teherán.
El texto, anteriormente negociado entre las dos cámaras del Congreso de EE. UU., será ahora enviado al presidente Obama para su promulgación como ley.
Esta vez el golpe está dirigido sobre todo contra uno de los sectores más vulnerables de la economía iraní —el energético—, puesto que Irán depende en gran medida de las importaciones de gasolina o combustible para aviones debido a que no dispone de capacidad suficiente de refinamiento.
El anteproyecto de ley supone varias medidas que sancionan a empresas y negocios que suministren petróleo refinado a Irán u ofrezcan apoyo a la Guardia Revolucionaria o al programa nuclear del país.
La medida penaliza a empresas que hagan negocios en el sector energético de Irán, incluyendo a empresas extranjeras que ofrezcan a ese país servicios de carga, financiación y seguros.
También cierra el acceso al sistema financiero estadounidense para los bancos extranjeros que hagan negocio con ciertas entidades incluidas en la “lista negra” de Estados Unidos, incluyendo la Guardia Revolucionaria y varios bancos iraníes.
El anterior paquete de sanciones unilaterales de Estados Unidos fue aprobado el 17 de junio, penalizando a 30 empresas y privados iraníes en EE. UU.