El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que es un texto "profundamente garantista" y ha aludido al aval general que ha recibido del Consejo de Estado.
De acuerdo con el ministro, la ley regula la "retención", el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas por un plazo máximo de seis horas, una novedad que se aplicará en supuestos "excepcionales".
"La perturbación del desarrollo de una manifestación" será sancionada, según el ministro de Interior en referencia a las manifestaciones celebradas en noviembre frente al Congreso y el Senado.
Con la nueva ley pasa a considerarse infracción grave la perturbación de la seguridad ciudadana en protestas como las celebradas ante el Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas.
Actualmente, en España casi 300 sindicalistas están procesados por su participación en huelgas o protestas laborales. Algunos de ellos tienen incluso ya una sentencia de cárcel. Los sindicatos consideran que las penas son completamente desproporcionadas.
La fiscalía de España pide para Ruben Ranz, delegado de la Unión General de Trabajadores (UGT), 7 años de prisión por participar en un piquete. Casos como el suyo están aún más presentes en esta jornada en la que el Consejo de Ministros aprueba pese a las críticas de los ciudadanos la polémica 'ley Mordaza'.
"Lo que están buscando es una criminalización del derecho de huelga, no solo del derecho de huelga, sino del derecho de manifestación en general, está muy relacionado con la ley mordaza y lo que quiere hacer este Gobierno es evitar cualquier tipo de manifestación""En mi caso éramos un piquete muy pacífico. Fuimos a los hoteles de 5 estrellas para hacer ruido. La Policía cargó de forma desmedida contra todo el piquete, entonces ahí se cayó un compañero mío, le detienen y yo simplemente me acerqué para decir 'no os llevéis al más mayor', porque tenía 67 años, y por decir eso me detuvieron", cuenta Ranz, quien está pendiente de juicio.
Ranz afirmó en una entrevista a RT que su caso responde a una estrategia del Gobierno para generar miedo. Un ataque contra el derecho a huelga, dicen desde los sindicatos. Para evitar protestas.
"Es claramente una directriz que marca la propia fiscalía. Lo que están buscando es una criminalización del derecho de huelga, no solo del derecho de huelga, sino del derecho de manifestación en general, está muy relacionado con la ley mordaza y lo que quiere hacer este Gobierno es evitar cualquier tipo de manifestación", apostilló.
Hay más de 260 procesados, algunos por lo penal como Ruben, y otros, la mayoría, por lo administrativo. Pero para seis ya hay sentencia de cárcel. Los sindicatos han pedido el indulto de todos, y ahora lo está estudiando el ejecutivo.
"La petición de indulto hace un llamamiento a la sensibilidad del ministro de Justicia y al Gobierno por el sentido común que dice que no pueden proteger un derecho mientras que un código penal establezca penas para la defensa de este derecho, eso es un sin sentido", asevera Eduardo Hernández Oñate, del departamento de Análisis y Estrategia de Secretaría de Política institucional del sindicato UGT.