La reforma del sector de las telecomunicaciones generó mucha polémica en el país. Uno de los argumentos clave de los oponentes a la nueva ley fue el miedo de que los monopolistas vigentes se repartan el mercado de los servicios de radiodifusión, televisión, telefonía e Internet entre ellos, casi eliminando a los medios comunitarios e indígenas.
El mandatario mexicano asegura que la reforma disminuirá el atraso en la penetración de Internet y califica la decisión del Parlamento del país de "madura y civil". Pero según la oposición, la reforma disminuye la competencia en el sector y fortalece a las mayores empresas.
Además, la ley impide a las empresas comunitarias e indígenas acceder a las frecuencias de alta potencia y cobertura. Tampoco las universidades públicas van a recibir un presupuesto adicional para intentar acceder a concesiones de medios electrónicos de carácter social.
Anteriormente el proyecto de ley tenía cláusulas que suponían la censura en Internet y el bloqueo de las señales en eventos y lugares críticos para la seguridad nacional. Estos puntos generaron una gran polémica y fueron eliminados de la versión final de la ley.