El Senado mexicano finalizó la votación de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional energética, aprobada el año pasado y promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, que abre las puertas a una participación total de capital privado en el mercado de los hidrocarburos, informa AFP.
Sin embargo, muchos activistas creen que esa ley pretende quitarle al país sus recursos naturales facilitando a las empresas privadas todo lo necesario para llevar a cabo sus negocios.
Así, Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista, opina que la reforma pretende despojar a los campesinos de las riquezas naturales.
"Es una ley que está hecha para darles todas las facilidades a las empresas extranjeras y nacionales de México que vengan a explorar y explotar, a conducir y a industrializar nuestro gas, nuestro petróleo, y también la generación de la energía eléctrica y geotérmica", dijo el activista a RT.
Además, "la reforma facilita estas ocupaciones temporales para despojar a los ejidos y comunidades, a los pueblos campesinos de esta riqueza natural", añadió.
"Desde luego, es una política de 'for sale Mexico', que pone en venta prácticamente toda la riqueza natural de nuestro país", concluye el activista.