El Tribunal Supremo de EE. UU. revisará el caso contra la ley de Arizona, que fue aprobada en 2007 y estipula sanciones contra empresas y particulares que contraten inmigrantes ilegales.
Los demandantes son varias organizaciones de derechos humanos y asociaciones de inmigrantes que insisten en que esta norma, conocida como la Ley de Trabajadores Legales de Arizona (LAWA, por sus siglas en inglés), atenta contra las competencias federales y por eso debe ser cancelada. Indican que legisladores de Arizona y otros estados norteamericanos que aceptaron medidas similares sobrepasaron su autoridad, porque solo el Congreso puede legislar en materia migratoria.
LAWA fue firmada hace tres años por la entonces gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, y permite anular o congelar licencias de las compañías que actúan en el estado para castigarlas de este modo por colaborar con los inmigrantes ilegales. Al mismo tiempo, las obliga a utilizar el sistema electrónico e-Verify, que fue introducido por el gobierno estadounidense para reducir la cantidad de trabajadores no documentados en el país.
Esta norma se distingue de la controvertida ley migratoria SB1070, aprobada en el mismo estado a principios de abril, que otorgaba a los departamentos policiales autoridad para cuestionar el estatus de una persona si existe "sospecha razonable" de que es un inmigrante ilegal. Sin embargo, ambos documentos están vinculados. Si la SB1070 entra en vigor a finales del mes próximo, reforzaría la ley LAWA contra las empresas que contraten a los indocumentados.