La Comisión Nacional de Valores argentina (CNV) solicitará a la SEC una investigación que determine "si los propios fondos buitre, por sí, o a través de terceros, obtuvieron ingentes beneficios al no alcanzar un acuerdo" en el tribunal el pasado miércoles, reza el comunicado.
Según el documento, estos acreedores podrían salir favorecidos no solo por los bonos en default que compraron a precios muy bajos y por los que pretenden obtener ganancias del 1600%, sino también por los derivados financieros que cobran por la Asociación Internacional de Cambios y Derivados, (ISDA, por sus siglas en inglés).
La CNV "solicitará a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) información precisa sobre las transacciones con esos títulos para investigar si los propios fondos buitre, por sí mismos o a través de terceros, obtuvieron ingentes beneficios al no alcanzar un acuerdo".
A juicio del Ministerio de la Economía de Argentina, al bloquear el cobro a algunos de los bonistas de deuda reestructurada, Griesa pretende "someter a la Argentina a una verdadera extorsión para que pague a los fondos buitre", objetivo que persiguen "aun cuando el propio juez sabe perfectamente que tal pretensión implica la violación de la ley argentina".
Además, el organismo criticó la decisión del juez de mantener a Daniel Pollack como mediador al considerar que ha demostrado "manifiesta parcialidad" a favor de los fondos especulativos.
El economista Alejandro Fiorita comenta a RT que las acciones del juez Griesa tienen un cierto interés en llevar a Argentina en la situación de default.
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, reiteró el viernes que la situación que afronta el país no es la de un default, ya que pagó el vencimiento a los bonistas que entraron al canje, pese a que ese dinero no llegó a destino. Asímismo, prometió que Argentina "va a utilizar todos los instrumentos legales que nos dan nuestros propios contratos" para que los acreedores reciban el dinero correspondiente.
Este sábado el juez estadounidense Thomas Griesa autorizó a Argentina el pago de bonos con legislación europea, ampliando así su orden previa para los bonos argentinos emitidos bajo legislación nacional.