Un tribunal del estado de Yucatán revocó el permiso otorgado al gigante de la biotecnología por parte de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en junio de 2012, que le permitió la siembra comercial de soja con la pesticida Roundup.
El permiso había autorizado a Monsanto para que cultivara soja genéticamente modificada en siete estados del país, a pesar de las protestas de agricultores y apicultores, así como de los activistas de Greenpeace y de varias organizaciones ecologistas.
Las evidencias científicas sobre las amenazas que plantean los cultivos de soja transgénica para la producción de miel en la península de Yucatán –que incluye los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán– convencieron al juez sobre la necesidad de la retirada del permiso. En consecuencia, este dictaminó que la coexistencia de la producción de miel y soja con el uso de organismos genéticamente modificados (OGM) no es posible, según publicó el diario 'The Guardian'.
México es el sexto mayor productor y el tercer mayor exportador mundial de miel. Unas 25.000 familias de Yucatán, región que produce alrededor del 40% de la miel del país, dependen de su producción.
Cultivos de soja, maíz, canola, remolacha azucarera, algodón y alfalfa han sido modificados para ser resistentes al glifosato, el ingrediente activo de la pesticida Roundup. Algunos expertos sostienen que el glifosato representa un riesgo para la salud humana y animal, afirmación que Monsanto rechaza. Además de riesgos para la salud, este elemento causa daños al medio ambiente, al agua y a las colonias de abejas, que actualmente están disminuyendo con rapidez.
Con esta decisión Yucatán se suma a Campeche, donde en marzo se adoptó una resolución casi idéntica. Las dos sentencias han establecido un precedente que ayudará a agricultores, activistas y ambientalistas a emprender acciones legales locales contra la implantación de la soja y el maíz genéticamente modificados.