La ley del aborto entra en vigor en España, pero podría ser frenada
Entre las críticas de la Iglesia Católica y del Partido Popular, en medio de manifestaciones de los grupos antiabortistas y de diferentes movimientos de los derechos humanos, la nueva y controvertida ley del aborto entró en vigor en España. La norma fue impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y legaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación sin tener que dar ningún motivo.
De esta forma, cualquier mujer mayor de 16 años tiene el derecho constitucional de desprenderse del feto en el transcurso de las 14 primeras semanas de embarazo. En casos excepcionales el plazo se extiende hasta las 22 semanas. Antes, el aborto no era castigado como crimen sólo en tres casos: violación (hasta la semana 12), malformación del feto (hasta la 22) y grave riesgo para la salud de la madre (sin plazo).
La nueva ley del aborto, denominada oficialmente Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, fue aprobada definitivamente el pasado 24 de febrero y reemplazó a una normativa de 1985 que permitió interrumpir el embarazo a 1.300.000 mujeres.
Uno de los puntos más polémicos de la ley ha sido el hecho de que las adolescentes de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo sin consentimiento de los padres. No obstante, las jóvenes deberán informar a los padres sobre su decisión, menos las que puedan confirmar que el hecho de comunicárselo a los familiares podría provocar un conflicto serio.
Pese a que la ley entró en vigor, tras las fuertes críticas por parte de los miembros del conservador Partido Popular, el Tribunal Constitucional podría frenar la iniciativa esta misma semana por considerarla inconstitucional. El PP y el Gobierno de Navarra exhortaron a la suspensión de 8 artículos de la legislación, explicando que el derecho al aborto es contrario al derecho a la vida, garantizado en la Constitución española.
Sin embargo, el Gobierno que implementó la norma se muestra convencido de la constitucionalidad de la ley. Según la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, "es una norma totalmente garantista que respeta plenamente los límites que se impusieron en su día por el Tribunal Constitucional".
Los objetivos de la norma, según Aído, son "reducir el creciente número de embarazos no deseados y la cifra de abortos, que no han parado de crecer en las últimas décadas". Además, los especialistas admiten que la nueva legislación regulará una práctica que ya existe en España: la que permite el aborto en caso de que la embarazada asegure que su salud mental está en peligro. Según datos del Ministerio de Sanidad español, casi todas las mujeres que deseaban interrumpir el embarazo (un 96,69% en 2008) recurrieron a este argumento.