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El Gobierno de EE. UU. demanda a Arizona por su ley inmigratoria

Publicado: 7 jul 2010 04:18 GMT

El Gobierno de EE. UU. llevó ayer a los tribunales al estado de Arizona por su nueva ley antiinmigrante, conocida como SB1070, que permite a la policía detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas, y pidió al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor el próximo 29 de j

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El Gobierno de EE. UU. llevó ayer a los tribunales al estado de Arizona por su nueva ley antiinmigrante, conocida como SB1070, que permite a la policía detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas, y pidió al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor el próximo 29 de julio.

Esta demanda se añade a otras cinco ya presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que están en contra de una ley que colocó el tema de la migración en el centro del debate político del país.

El argumento principal usado por el Departamento de Justicia es que la norma, que entraría en vigor el 29 de julio, viola la Constitución estadounidense ya que con ella Arizona se ha adjudicado competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.

"La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un batiburrillo de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país", afirma la demanda.

La gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, que firmó la ley el 23 de abril, ha pedido al Gobierno que desestime las demandas porque se basan en "suposiciones" y en casos de discriminación que no han ocurrido. Su portavoz calificó la decisión como "terriblemente mala".

Por su parte, el Gobierno de México expresó a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores su beneplácito por la decisión del Gobierno de Estados Unidos. En un comunicado, la Cancillería señaló que respeta el derecho de cada país a adoptar sus leyes, aunque consideró que "cuando una medida como la SB1070 afecta potencialmente los derechos civiles y humanos de miles de mexicanos, el Gobierno de México tiene la obligación de proteger los derechos y la dignidad de sus nacionales".

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