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Peña Nieto rinde cuentas a una sociedad mexicana escéptica
Este lunes el presidente de México, Enrique Peña Nieto, rinde su segundo informe de Gobierno en un contexto marcado por la consolidación de un paquete de 11 reformas estructurales impulsadas al inicio de su gestión en diciembre de 2012.
"Lo que sigue en este proceso es poner en acción, llevarlas de la ley a la práctica, lograr que los cambios a la Constitución y a las leyes se traduzcan en beneficios reales para todos", asegura el mandatario mexicano en un 'spot' gubercitados por la agencia EFE.
Sin embargo, reformas como la energética, promulgada por Peña Nieto en diciembre de 2013 y cuyas leyes reglamentarias entraron en vigor en agosto, se enfrentan al rechazo unánime de las fuerzas de izquierda, que esperan revocarla mediante una consulta popular en 2015.
Estas fuerzas argumentan que la reforma, que abre el sector energético al capital privado después de más siete décadas de monopolio estatal, implicará la entrega de los recursos energéticos del país a empresas extranjeras.
Por otra parte, la reforma educativa y sus leyes secundarias son rechazadas por un segmento del magisterio representado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que durante varios meses se ha movilizado en varios estados para exigir su derogación.
Entre los puntos más criticados por la agrupación gremial se encuentra el nuevo sistema de evaluación profesional para la contratación, permanencia y promoción del personal docente, realidad hasta ahora inexistente en la educación pública mexicana.
No son las únicas reformas: el Ejecutivo de Peña Nieto también las acomete en los ámbitos de las telecomunicaciones, competencia económica, financiera, fiscal, laboral, política electoral o de transparencia, entre otros.
No obstante, un punto ausente en el informe gubernamental es el relativo a la seguridad, área por la que el Gobierno de Peña Nieto se enfrenta a fuertes críticas al no haber logrado los resultados esperados en la reducción de los índices delictivos pese a las declaraciones optimistas de las autoridades.
Las reformas han avivado el debate sobre si México será capaz de convertirse en una futura potencia global. En el caso del país latinoamericano se han dado importantes avances legislativos para que ello ocurra, aunque también muchos pasos atrás que frenan el proceso, opinan los expertos.
Sin embargo, reformas como la energética, promulgada por Peña Nieto en diciembre de 2013 y cuyas leyes reglamentarias entraron en vigor en agosto, se enfrentan al rechazo unánime de las fuerzas de izquierda, que esperan revocarla mediante una consulta popular en 2015.
Estas fuerzas argumentan que la reforma, que abre el sector energético al capital privado después de más siete décadas de monopolio estatal, implicará la entrega de los recursos energéticos del país a empresas extranjeras.
Por otra parte, la reforma educativa y sus leyes secundarias son rechazadas por un segmento del magisterio representado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que durante varios meses se ha movilizado en varios estados para exigir su derogación.
Entre los puntos más criticados por la agrupación gremial se encuentra el nuevo sistema de evaluación profesional para la contratación, permanencia y promoción del personal docente, realidad hasta ahora inexistente en la educación pública mexicana.
No son las únicas reformas: el Ejecutivo de Peña Nieto también las acomete en los ámbitos de las telecomunicaciones, competencia económica, financiera, fiscal, laboral, política electoral o de transparencia, entre otros.
No obstante, un punto ausente en el informe gubernamental es el relativo a la seguridad, área por la que el Gobierno de Peña Nieto se enfrenta a fuertes críticas al no haber logrado los resultados esperados en la reducción de los índices delictivos pese a las declaraciones optimistas de las autoridades.
Las reformas han avivado el debate sobre si México será capaz de convertirse en una futura potencia global. En el caso del país latinoamericano se han dado importantes avances legislativos para que ello ocurra, aunque también muchos pasos atrás que frenan el proceso, opinan los expertos.
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