"Las actuaciones de la cúpula de la Fuerza Armada de Ucrania en el este del país tenían como objetivo eliminar la población rusófona. Por su culpa murieron 2.500 personas", insistió Markin.
A través de un comunicado publicado en su página web, el Comité detalla que ha abierto una causa penal por genocidio basándose en pruebas recabadas que detallan la naturaleza de las órdenes dadas entre el 12 de abril de 2014 y la actualidad por altos cargos militares y políticos ucranianos, de la Fuerza Armada y de la Guardia Nacional de Ucrania, así como del grupo extremista Sector Derecho. El organismo da por probado que estas órdenes estaban "dirigidas a eliminar por completo la población rusófona en el territorio de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk".
El documento detalla que "los asesinatos de ciudadanos rusófonos" se llevaron con sistemas de lanzacohetes múltiples tipo GRAD y Uragán, cohetes de aviación no guiados de racimo, misiles tácticos balísticos de corto alcance Tochka y otros tipos de armamento pesado no selectivo. Como resultado, al menos 2.500 personas murieron y más de 500 edificios quedaron destruidos, incluyendo viviendas, hospitales y escuelas, forzando a más de 300.000 lugareños buscar refugio en Rusia, puntualiza el comunicado.