El martes la Generalitat de Cataluña ha suspendido la campaña de convocación de la consulta popular sobre la independencia que originalmente estaba prevista para el 9 de noviembre. Decide presentar sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional de España.
El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha asegurado que la campaña institucional se ha retirado de forma cautelar y temporal y que "nada se ha terminado". "Hay una situación procesal que no se pasa por alto pero la pretensión es continuar –explicó a la prensa–. Haremos las cosas cumpliendo los compromisos adquiridos y ajustados al derecho".
Unas horas después miles de manifestantes han salido a las calles en Cataluña para protestar contra la decisión del Tribunal Constitucional de España.
La Policía catalana ha desalojado la acampada frente a la Delegación del Gobierno español en Barcelona, donde los manifestantes plantaron una veintena de tiendas para pedir que se celebre la consulta soberanista.
Convocados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), un influyente grupo de presión por la independencia, y a pesar de la insistente lluvia los manifestantes marcharon frente a los ayuntamientos para mostrar su malestar por la impugnación de la Ley de Consultas catalana por parte del Gobierno central, lo que implicó la suspensión de la norma y de la consulta.
El pasado 27 de septiembre, el presidente de la Generalitat, Artur Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta soberanista. Anteriormente el Parlamento de Cataluña aprobó la ley de consultas con 106 votos a favor y 28 en contra.