Guerreros Unidos, un cártel que opera principalmente en el estado de Guerrero, ha sido señalado como responsable material de la presunta masacre que sufrieron los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.
El procurador estatal de Guerrero, Iñaki Blanco, afirma que la Policía de Iguala está vinculada al narcocártel Guerreros Unidos y establece que uno de sus líderes, alias 'El Chucky', ordenó el secuestro y las ejecuciones de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre durante la protesta estudiantil contra las reformas educativas en la localidad de Iguala.
Asimismo, Blanco cita el testimonio de dos sicarios pertenecientes a esta organización criminal que confesaron haber llevado a "17 de ellos [estudiantes] al colmo de un cerro en El Pueblo Viejo, donde tienen fosas clandestinas y donde los mataron".
Esta banda de crimen organizado, cuya principal fuente de financiación es el traslado de cocaína a Chicago, ha tenido al menos cuatro líderes en los últimos tres años. A pesar de que los cabecillas han sido capturados, el cártel ha seguido operando en el estado de Guerrero.
Los criminales arrestados por la desaparición de los 43 estudiantes declararon ante las autoridades mexicanas que la órden de acudir al lugar donde se encontraban los manifestantes la dio el director de seguridad pública municipal, Francisco Salgado Valladares. Asimismo, añadieron que la instrucción de secuestrar y asesinar a los estudiantes la recibieron de un sujeto apodado 'El Chucky', líder de los Guerreros Unidos.
"José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala, trabajaba para Guerreros Unidos y ordenó el ataque del 26 de septiembre en el que murieron seis personas, además de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa", afirma René Bejarano, líder de la corriente Izquierda democrática nacional del PRD, dejando patente la complicidad entre Guerreros Unidos y el poder político de Iguala.