La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a través de un comunicado la intervención de todos los niveles de Gobierno mexicano para que se haga la resolución de los casos que representan un atentado contra la libertad de expresión, informa el portal de noticias del estado de Sinaloa, Noroeste.com.
Se dice que en el caso de Román Tirado, que era el líder de un grupo de unos 800 agricultores cuyas tierras se vieron inundadas por la construcción de la presa Picachos años atrás, se debe actuar bajo la cautela de que el activista mantenía fuertes críticas hacia el Gobierno local. En cuanto al caso del periodista Gamboa Urías, la CIDH estableció que es necesario que no se descarte que el periodista pudiera haber sido privado de su libertad por su trabajo periodístico.
Por su parte, Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en México, calificó de reto ser activista en el estado de Sinaloa. "El gran cuestionamiento que me hacen mis colegas internacionales es precisamente sobre circunstancias de seguridad, no nada más a la defensa institucional, sino también a la defensa privada de los derechos humanos o a la defensa social de los derechos humanos, son retos", aseguró Ríos.
El portal Noroeste.com precisó que en solo cinco meses han sido asesinados tres activistas sociales en el estado de Sinaloa: Sandra Luz Hernández, Ramón Corrales Vega y Octavio Atilano Román Tirado. Estos tres crímenes todavía siguen impunes.