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Las audiencias de la “Ley de Arizona” terminaron sin dictámen

Publicado: 23 jul 2010 05:04 GMT

La jueza federal Susan Bolton, que debe tomar una decisión sobre la llamada “Ley de Arizona”, sostuvo hoy dos audiencias sobre el caso sin emitir un dictámen. Es mucho lo que está en juego. Si Bolton decide a favor de la entrada en vigor de la ley, abrirá el camino para que otros estados ad

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La jueza federal Susan Bolton, que debe tomar una decisión sobre la llamada “Ley de Arizona”, sostuvo hoy dos audiencias sobre el caso sin emitir un dictámen.

Es mucho lo que está en juego. Si Bolton decide a favor de la entrada en vigor de la ley, abrirá el camino para que otros estados adopten medidas similares en un tema que ha sido desde hace mucho responsabilidad exclusiva del gobierno federal.

Bolton ya ha decidido en otros dos casos relacionados a la inmigración en la que la ley federal ha prevalecido sobre leyes estatales.

El gobierno de EE. UU. defiende que la política migratoria es competencia exclusiva del gobierno federal. Éste interpuso una demanda en contra de esta ley que permite a la policía detener a personas bajo sospecha de ser indocumentadas.

Ante una sala repleta de gente, la jueza dio a entender que existen ciertas partes de la SB1070 (la ley federal) que podrían aplicarse y otras que son anticonstitucionales, pero no especificó cuáles.

La segunda audiencia, celebrada esta tarde, se centró en determinar si la competencia federal para establecer una política de inmigración sobre todo el país se impone sobre las medidas que puedan adoptar los estados a título individual.

La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el gobierno federal y otros oponentes de la ley desean que la jueza Susan Bolton emita un interdicto para bloquear la aplicación de la ley antes de que entre en vigencia el jueves. La magistrada no ha dicho cuándo podría emitir su fallo.

Al presentar la demanda, el Gobierno solicitó al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor prevista para el próximo 29 de julio, hasta que se terminen los trámites judiciales. Consideró que su entrada en vigor puede causar daños irreparables.

El Gobierno de EE. UU. defiende que la política migratoria es competencia exclusiva del Gobierno federal y, por tanto, las legislaciones locales o estatales no pueden prevalecer sobre los códigos federales y, por supuesto, sobre la Constitución.

La demanda gubernamental se suma a otras medidas y acciones emprendidas a iniciativa de México. Así, por ejemplo, el 21 de julio once países firmaron en Ginebra, a instancias de México, una declaración en la que muestran su preocupación y condena por la Ley Arizona, la cual consideran que tiene un "espíritu racista, xenófobo y contrario a la inmigración de cualquier tipo". Los países signatarios fueron, además de México, Uruguay, Panamá, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Cuba, Turquía, Senegal, Micronesia y Chile.

La ley también ha suscitado acalorados debates de los mismos Estados Unidos. Desde que la gobernadora Brewer firmó la ley el 23 de abril, partidarios y oponentes de ésta se han manifestado en Arizona y otros lugares del país. Algunos oponentes han pedido un boicot turístico de Arizona.

El debate también provocó que un número indeterminado de indocumentados abandonaran Arizona y se fueran a otros estados o a sus países de origen.

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