El Alto Tribunal eligió el mismo camino que a finales de septiembre cuando su pleno, que integran 12 magistrados, suspendió por unanimidad la ley catalana de consultas.
El viernes pasado la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, se dirigió al Tribunal Constitucional para impugnar el "proceso de participación ciudadana" convocado por Artur Mas como sucedáneo de la consulta que se encuentra suspendida cautelarmente desde el 29 de septiembre.
La Abogacía pidió al Tribunal que recordara al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, el "debido e inmediato cumplimiento" de la inminente suspensión de la votación, "con las responsabilidades a que su infracción pudiera dar lugar".
El Gobierno catalán demandará al Gobierno español y mantiene la consulta
En respuesta a la decisión del Constitucional, la Generalitat de Cataluña ha anunciado una demanda contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo por "vulneración de los derechos fundamentales" de los catalanes.
Además, la Generalitat aseguró que la votación no se suspenderá. "Mantenemos el proceso participativo. Mas claro, el agua. Y lo hacemos con todas las consecuencias", afirmó el portavoz del Ejecutivo catalán Francesc Homs.
Según recalcó Homs, "todo está listo" para la consulta popular prevista para este domingo y aseguró que la Generalitat "mantiene el proceso participativo como forma para garantizar la libertad de expresión".